La instalación de los nuevos consejeros regionales, por primera vez elegidos por voto popular, ha dejado al desnudo las enormes carencias que enfrenta el esfuerzo descentralizador que se pretendió impulsar con esa reforma. Sin perjuicio de la importancia del vínculo con la población que dicha elección establece, el efecto práctico de esa medida, en ausencia de una institucionalidad más completa que la acompañe, se muestra débil.

El Gobierno ha anunciado la creación de una Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional, compuesta por 31 miembros y liderada por el ex diputado Esteban Valenzuela. Su propósito incluye estudiar "desde cómo aumentar los recursos directos para las regiones, hasta la posibilidad de que en algunos años generen sus ingresos propios", según ha explicado el subsecretario de Desarrollo Regional.

Entre los problemas que enfrentan las regiones, y los consejos regionales en particular, figuran la escasez presupuestaria, el bajo monto de las remuneraciones de los consejeros, sus atribuciones -para lo cual el Gobierno envió indicaciones al proyecto de ley que regula su funcionamiento, de modo que un alto quórum de ellos pueda incidir en los proyectos y no solo aprobarlos o rechazarlos, como ocurre actualmente- y la capacidad de generación de recursos de estas unidades territoriales.

Sin embargo, se hace necesario ir un paso más atrás, y pensar el tema de manera más integral, para lo cual la Comisión Asesora podría ser una instancia apropiada. ¿Tiene sentido seguir aumentando el número de regiones para satisfacer equivocadas concepciones del desarrollo sobre la base de divisiones administrativas del territorio, o sería mejor tener un número bajo, de 4 o 5 y hasta 7 u 8 macrorregiones, con mayor autonomía y la escala necesaria para gestionar mejor sus actividades? ¿Qué rol cumplen las provincias y los gobernadores en el actual esquema? ¿Estará el Estado dispuesto a dotar de cierta autonomía tributaria a esas macrorregiones, de modo que compitan diversos regímenes tributarios que atraigan o desincentiven la inversión y la actividad económica según cada uno lo estipule, y así ellas se hagan más responsables de su destino?

La descentralización y la regionalización no tienen un futuro promisorio mientras sea el Estado central el que dirija tal proceso, porque eso es, precisamente, lo contrario de descentralizar. La desconfianza en el buen uso de los recursos que las regiones harían si fueren más autónomas, implícito en el modelo actual, solo consolida una administración centralizada. En ese caso, sería mejor sincerarlo y admitir que, para un país de nuestro tamaño, ese ejercicio carecería de sentido.