El ultimátum de la Federación de Trabajadores del Cobre, otorgándole al Gobierno 100 días de plazo para resolver el aporte a Codelco de los capitales que su expansión requeriría, o de lo contrario habérselas con movilizaciones, intenta retrotraernos a las peores prácticas del cogobierno sindical. El Ejecutivo debe hacer presente con toda claridad que, por válido que sea el interés de los trabajadores por el futuro de la empresa en que laboran, las decisiones de inversión y capitalización de dicha empresa pública, propiedad de todos los chilenos, seguirán adoptándose sin otra consideración que la rentabilidad de los respectivos proyectos y las disponibilidades de financiamiento fiscal. Lo contrario es iniciar un camino que en el pasado hizo en Chile mucho daño y que otros, como Argentina, aún no han podido dejar atrás.

Codelco cuenta con ambiciosos planes de inversión para el próximo quinquenio. Su financiamiento posiblemente requiera recurrir no solo al endeudamiento, sino que a la reinversión de utilidades o al aporte de recursos frescos por parte del fisco. Hasta ahora sus directivos no han obtenido del Gobierno todo el apoyo que estiman necesario. Pero, desde luego, son ellos los llamados a persuadirlo del beneficio de los proyectos en cartera. En cambio, la politización del debate parecería crear la imagen contraria: que al menos algunas de las iniciativas podrían carecer de justificación económica y procurarían tan solo ocultar ineficiencias o prolongarles la vida a operaciones inviables.

También producen inquietud las recientes declaraciones del subsecretario de Hacienda, planteando un posible uso, para capitalizar a Codelco, de los recursos del Fondo de Estabilización Económico Social, que se alimenta con las ganancias extraordinarias por el alza del precio del cobre. Financiar de ese modo la capitalización no resolvería el dilema que ella presenta: todo aporte de capital por parte del Estado -bajo la regla fiscal vigente- les restaría presupuesto a otros programas. Si en cambio la idea fuese adquirir títulos de deuda emitidos por Codelco para financiar sus proyectos, ello podría resultar una opción atractiva en la que invertir los ahorros fiscales, pero en ningún caso ayudaría a esa empresa a disponer de más capital propio, que es lo que se estima necesita.

No parecen haberse sopesado correctamente los riesgos que conlleva la propuesta señalada. Destinar los ahorros acumulados y defendidos con mucho esfuerzo por los gobiernos anteriores a financiar gastos en Chile, además de desnaturalizar su propósito -que no es otro que aprovisionarnos para tiempos de estrechez-, abriría la caja de Pandora de las presiones políticas para acceder a tales recursos. Tal vez la amenaza de los sindicatos del cobre sea tan solo la primera señal.