Acogiendo una presentación de la Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) resolvió proponer al Presidente de la República una serie de modificaciones destinadas a garantizar la posibilidad de que las distintas empresas de telecomunicaciones accedan a todo tipo de edificios y condominios, de modo de permitir la efectiva libre elección de sus servicios por parte de los residentes.

Haciendo uso de sus facultades, el tribunal solicitó al Gobierno impulsar cambios para que los preceptos legales o reglamentarios correspondientes impongan a las inmobiliarias y constructoras la obligación de establecer condiciones para que su infraestructura técnica sea utilizable por más de un operador de servicios de telecomunicaciones. Dichas condiciones van desde adoptar soluciones tecnológicas neutras hasta informar a las empresas del rubro respecto del desarrollo de nuevos proyectos (lo que podría materializarse, por ejemplo, por medio de un registro web a cargo de la Subsecretaría de Telecomunicaciones). Además, se plantea prohibir a las inmobiliarias establecer en los reglamentos de copropiedad disposiciones que limiten injustificadamente el ingreso de los distintos oferentes de estos servicios.

Las modificaciones propuestas son adecuadas, pues fomentarían la competencia, con los consiguientes beneficios para los consumidores. Es claro que cuando estos pueden acceder a más alternativas, los precios bajan de manera considerable. Un ejemplo ha sido la portabilidad numérica en el caso de la telefonía móvil. Por el contrario, en la telefonía alámbrica y en la televisión de pago, es habitual que los propietarios de departamentos se encuentren con la realidad de no poder elegir a su operador de telecomunicaciones, pues la inmobiliaria ha establecido condiciones que, en la práctica, otorgan la exclusividad a una empresa.

Ya la fiscalía había intentado en el pasado corregir esta situación. En 2002 dictó una norma obligando a construir ductos independientes que permitieran que más de una empresa pudiera ingresar sus cables. Esa normativa no tuvo éxito, y en 2009 el 72% de las personas que querían cambiar de proveedor de internet no podían hacerlo, por dificultades técnicas.

En cualquier caso, si bien el planteamiento del TDLC es valioso, es posible que quede obsoleto en poco tiempo. De acuerdo con cifras de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, hoy solo el 50% de la televisión de pago opera a través de cable; el resto lo hace por vía satelital, opción que ha experimentado fuerte crecimiento en los últimos años. De igual forma, el número de líneas telefónicas fijas ha venido cayendo. Un caso paradigmático es lo que está ocurriendo actualmente en Estados Unidos, donde dos de las principales telefónicas -AT&T y Verizon- estudian abandonar sus tradicionales redes. Es posible así imaginar en el futuro ciudades sin cableados de telecomunicaciones, con todas las ventajas (desde urbanísticas hasta de libre competencia) que eso supone, pero en el intertanto los cambios propuestos resultan muy necesarios.