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Editorial
Viernes 18 de abril de 2014
Consensos en educación: lección histórica
Es cierto que durante el siglo XIX el debate en torno a la cuestión educativa dividió al espectro político, enfrentando a liberales y conservadores. Los primeros propiciaban una mayor intervención estatal como contrapeso a la influencia de la Iglesia católica, mientras los conservadores defendían la libertad de enseñanza.
La valoración de los consensos expresada por el ministro Nicolás Eyzaguirre en su intervención ante el Senado esta semana abre expectativas de reencauzar la discusión educacional, luego de poco felices declaraciones de parlamentarios y dirigentes oficialistas. Al vincular las perspectivas de éxito de la reforma y su proyección en el tiempo con la existencia de acuerdos transversales, el secretario de Estado no ha hecho más que reconocer una característica de nuestra historia. A lo largo de esta, la educación ha sido recurrente campo de disputa doctrinaria, pero también ha conseguido sus mayores avances cuando las visiones opuestas han confluido en soluciones eficaces y respetuosas de la diversidad.
Una mirada desapasionada ha de reconocer, por ejemplo, que el Estado chileno ha apoyado la iniciativa privada en esta área desde los inicios de la República. Parte importante de los primeros establecimientos regionales, liceos femeninos y escuelas para niños mapuches fueron particulares y recibieron subvenciones gubernamentales, pues se estimaba -en una época, por cierto, muy anterior al surgimiento del neoliberalismo o de la escuela de Chicago- que cumplían una tarea necesaria.
Es cierto que durante el siglo XIX el debate en torno a la cuestión educativa dividió al espectro político, enfrentando a liberales y conservadores. Los primeros propiciaban una mayor intervención estatal como contrapeso a la influencia de la Iglesia católica, mientras los conservadores defendían la libertad de enseñanza. Esta prolongada discusión derivó, sin embargo, en un marco legal de amplio apoyo, que aseguró la existencia de un sistema mixto, como fue la Ley de Instrucción Primaria obligatoria, de 1920. La discusión de esta se prolongó durante dos décadas, en las cuales los diversos actores fueron capaces de evolucionar y allanarse a encontrar soluciones pragmáticas, capaces de dar una respuesta razonable a sus mutuas aprensiones.
Opuesto a este ejemplo, el frustrado proyecto de la Escuela Nacional Unificada (ENU), de la Unidad Popular, solo consiguió agudizar la polarización que entonces vivía el país, como bien recordó hace algunas semanas el ex senador socialista Camilo Escalona. Las reformas del régimen militar -algunas fuertemente controvertidas- afianzaron la participación privada. Luego, los gobiernos de la Concertación, en lugar de pretender hacer tabla rasa de aquello, impulsaron cambios graduales -algunos discutibles, como el Estatuto Docente-, reconociendo el valor de un sistema mixto y logrando por esa vía importantes aumentos de cobertura en todos los niveles.
Así fue como en la última década la demanda por calidad -aspecto evidentemente deficitario- adquirió especial fuerza. La denominada "crisis de los pingüinos" puso el tema en los primeros lugares de la agenda pública, y el gobierno de Michelle Bachelet buscó, mediante una comisión amplia y plural, impulsar nuevas reformas, logrando un acuerdo político que se plasmó en la Ley General de Educación. Cuestionada entonces por los dirigentes secundarios y renegada hoy por algunos sectores políticos que la apoyaron, se tiende a olvidar que el consenso construido en torno a ella permitió establecer toda una nueva institucionalidad destinada a mejorar el funcionamiento de la educación escolar, incluida una superintendencia y una agencia de calidad, cuyos frutos recién empiezan a verse.
El contraste entre la experiencia de reformas elaboradas a partir de acuerdos amplios y los intentos unilaterales de cambio avala recomendaciones como la de la ex ministra Pilar Armanet en cuanto a la necesidad de consensos y la inconveniencia de las imposiciones. Nuestra historia republicana así lo evidencia y es positivo que las autoridades lo reconozcan.