La nueva directora del Servicio Nacional de Menores, Marcela Labraña, hizo saber que el Gobierno ha paralizado, para evaluarlo, la tramitación del proyecto que finalmente propuso la administración anterior para dividir el Sename en dos instituciones: el Servicio Nacional de Protección de la Infancia y la Adolescencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, que debería encargarse de la protección de menores en riesgo social, y el Servicio Nacional de Responsabilidad Penal Adolescente, a cargo del Ministerio de Justicia, que debería administrar el sistema de ejecución de sanciones a infractores juveniles. Esta fórmula ha sido transversalmente recomendada durante largos años por expertos y entidades especializadas en esta área, como Unicef y la Fundación Paz Ciudadana, entre otras.

Las razones técnicas para esta división son contundentes, y hace ya mucho que se las viene planteando y afinando, a lo largo de sucesivas administraciones. Las referidas dos categorías de menores son muy diferentes y todo aconseja separar los órganos estatales a los que se encomiende esa responsabilidad. Ya el primer gobierno de la Presidenta Bachelet trabajó en un anteproyecto en esta línea, y el del Presidente Piñera presentó un proyecto al respecto en 2012.

Sorprende que se ponga en tela de juicio esta necesidad, basándose en argumentos tradicionalmente planteados por las asociaciones de funcionarios de la institución -que rechazan la medida-, relativos a una supuesta conexión natural entre los jóvenes atendidos por ambos sistemas. "Aquellos menores que son infractores de ley, en algún momento también fueron vulnerados", afirma. Sin embargo, un estudio del propio Sename determinó en 2012 que menos de la mitad (45%) de los jóvenes egresados del sistema de justicia juvenil había ingresado por primera vez por vulneración de derechos; el resto ingresó derechamente al sistema de justicia penal. Y, según cifras de esa misma institución, del total de menores en programas de Sename en 2013, 85% correspondía al área de protección, 1% a adopción y solo 14% al grupo de infractores de ley. Está claro, pues, que la gran mayoría de menores vulnerados en sus derechos no llega a los programas de infractores juveniles.

Las declaraciones de la nueva directora no se concilian con los diagnósticos de expertos nacionales y las recomendaciones de organismos internacionales, como el Comité de los Derechos del Niño. A solo un mes de instalado el Gobierno, se contradice aquí lo planteado en el programa con que llegó al poder. En él expresamente se señala que a partir de la división del actual Sename se crearán los servicios indicados, reflejando una política integral, cuyo eje es la rehabilitación y reinserción social de adultos y jóvenes infractores.

Revisar el proyecto de separación puede requerirse en relación con su financiamiento, pues algunos expertos consideran insuficientes los recursos para programas, especialmente en el caso de la institución a cargo de jóvenes infractores, lo que puede hacerse mediante una indicación, para aprovechar los avances legislativos ya logrados en su tramitación. Pero distinto es cuestionar la necesidad de avanzar en una política pública de separación del Sename, que cuenta con apoyo parlamentario transversal, según consta en sus informes. El Ministerio de Justicia debe explicar al país los motivos de este paso y enderezar el sentido de la evaluación dispuesta.