"Esta no es una imposición del Gobierno -ha dicho la Presidenta, refiriéndose a la reforma tributaria-; estamos dispuestos a discutirla, si hay otra idea que nos permita recaudar lo que necesitamos". Su declaración contrasta con el tono tajante con que otras autoridades han desestimado las críticas, atribuyéndolas a la mera defensa de intereses o a la repetición de consignas. Difiere también de la innecesaria premura que el Ejecutivo y la mayoría parlamentaria han querido darle a la tramitación del proyecto. Pero la Presidenta está en lo cierto: un debate amplio y efectuado con altura de miras es el modo como, en democracia, se pueden despejar las dudas que despierta la iniciativa y enmendar sus eventuales errores. Desde esa perspectiva, las indicaciones presentadas ayer por el Gobierno constituyen un valioso primer paso, no obstante la necesidad de seguir analizando nuevos perfeccionamientos y correcciones.

La reforma propuesta ha provocado un debate útil. Por de pronto, tanto partidarios como críticos parecen concordar con el objetivo planteado de allegar recursos adicionales al presupuesto fiscal para invertirlos en mejorar la educación. El Gobierno no debería menospreciar ese punto de acuerdo.

Ayudaría que el Ejecutivo explicitara en detalle sus planes de gasto. Aparentemente solo la mitad del rédito esperado de la reforma -estimado en 3% del PIB- sería destinado al presupuesto educacional. El aumento de impuestos que propone también procuraría eliminar el déficit fiscal, el que se estima equivalente al 1% del PIB. Como los gravámenes en parte desalentarían el ahorro privado, hay incluso quienes se preguntan qué ventajas conseguiría la mera transferencia de capacidad de ahorro desde manos privadas al Gobierno.

Sorprendió a muchos, y también a parlamentarios oficialistas, la magnitud del cambio propuesto en materia de facultades fiscalizadoras del Servicio de Impuestos Internos, y el riesgo de su uso discrecional, amagando la necesaria certeza jurídica y el debido proceso. Las indicaciones presentadas ayer buscan precisamente despejar parte de las razonables dudas que el tema plantea.

La reforma abarca modificaciones a numerosos impuestos, lo que también ha despertado críticas. Aunque hay mérito en desestimular el consumo de bebidas dañinas para la salud, en penalizar la producción sucia y en hacer tributar cabalmente a las inversiones inmobiliarias, el debate debe dilucidar si la oportunidad y la forma propuesta son las más acertadas. Expertos y representantes de los sectores afectados han puntualizado que, contrariamente a lo que se procura, la correspondiente alza de costos terminaría dañando el poder adquisitivo de los sectores de ingresos medios y bajos.

El corazón de la iniciativa es el incremento a la tributación de las rentas provenientes del capital, la cual, para las utilidades reinvertidas por sociedades anónimas y limitadas, se elevaría desde 20% hasta 35% en cuatro años, de acuerdo con la tabla aplicable a las rentas personales de sus dueños. Se ha señalado que así se acentuaría la progresividad del impuesto a la renta, puesto que el decil más adinerado del país aumentaría de 10 a 24% la tributación promedio de sus ingresos. El tema despierta controversia. Unos lo ven como un paso necesario hacia una mayor equidad y confían en que los paliativos propuestos para las pequeñas empresas neutralizarían su efecto negativo. Otros puntualizan que las empresas medianas y grandes --responsables de más de 90% de la inversión- no contarían con tales paliativos y que, con el término del FUT, perderían una fuente de financiamiento para su expansión, inversión y creación de empleos. Si ello ocurriese, la pérdida de competitividad de las empresas acarrearía alzas de precios y pérdida de puestos de trabajo, lo que con seguridad terminaría dañando a los más vulnerables.

Es el debate sobre los eventuales costos de la reforma, así como de los caminos alternativos para allegar gradualmente los recursos necesarios al fisco, al que, sin apresuramientos que luego haya que lamentar, cabe esperar se aboque el Congreso en las próximas semanas y meses.