Con un despliegue mediático sin precedentes, el Presidente Morales, acompañado del canciller Choquehuanca, el agente Rodríguez Veltzé y una comitiva que incluyó a adversarios políticos, presentó ante la Corte de La Haya la memoria con los fundamentos de su demanda. Pretende que ese tribunal declare que Chile tiene la obligación de negociar un acuerdo pronto y eficaz, que le otorgue a Bolivia una salida plenamente soberana al océano Pacífico. La inusual puesta en escena confirma que la reclamación boliviana es política y funcional a la renovación indefinida del mandato de Morales. Con razón el canciller chileno la calificó de artificiosa y carente de fundamento jurídico.

Aunque las partes están obligadas a guardar reserva hasta los alegatos verbales, hay antecedentes sobre el documento. Abogados bolivianos intervinientes y hasta su Presidente han anticipado un enfoque emocional y un pretendido derecho a imponer un acuerdo sobre la base de expectativas que se originarían en supuestos actos unilaterales chilenos provenientes de negociaciones fallidas entre gobiernos de ambos países. Tan extraña fundamentación de los presuntos derechos bolivianos permite excepcionarse de la demanda en los próximos noventa días, alegando su inadmisibilidad y la falta de jurisdicción de la Corte, a fin de poner anticipadamente término al juicio, omitiéndose los trámites de la contramemoria, la réplica, la dúplica y los alegatos de fondo.

Bolivia ha recurrido a un artificio para desconocer el Tratado de Paz de 1904, que fijó los límites con Chile. Dicho tratado fue reconocido como vinculante por la Sociedad de la Naciones y resta a la Corte de La Haya toda competencia para revisarlo, máxime cuando fue suscrito con anterioridad a 1948, fecha fijada por el Pacto de Bogotá como punto de partida para su competencia.

Prudente ha sido la reacción del gobierno chileno y unitarias las declaraciones de los más diversos sectores de la sociedad civil ante la demanda, y respecto de las normas constitucionales de dicho país, supuestamente habilitantes de la reclamación y claramente contrarias al Derecho Internacional.

La prudencia no debería impedir señalar los reiterativos obstáculos bolivianos a las correctas relaciones con Chile, entre los cuales se incluye este contencioso. Tales escollos, muchas veces agraviantes para nuestros mandatarios, dirigentes, diplomáticos y población, y normalmente motivados por razones de la política interna boliviana, han impedido el diálogo fructífero, hecho fracasar acuerdos de mutuo interés para ambos pueblos y comprometido la seguridad nacional por el descontrol del narcotráfico, del contrabando y de la delincuencia trasnacional desde territorio boliviano.

Junto con la defensa jurídica, corresponderá aplicar la diplomacia y la comunicación pública de la legítima y constructiva posición chilena, en respuesta a la tarea encomendada -con propósitos similares- a sus embajadores itinerantes por parte del gobierno boliviano. En este cometido habrá que publicitar las extraordinarias concesiones económicas, de libre tránsito, almacenamiento gratuito de mercaderías, obras de infraestructura, acceso privilegiado a puertos y aeropuertos, ayudas a los inmigrantes vulnerables bolivianos e innumerables otras prestaciones, sin precedentes en el mundo entre países vecinos, que Chile concede a Bolivia y que se contrastan con la nula cooperación de la mayoría de los gobiernos de ese país y su negativa para aprovechar las oportunidades de la vecindad y de los intereses compartidos. Ante las falsas imputaciones a Chile de las desventuras del pueblo de Bolivia, habrá necesariamente que señalar las responsabilidades de los gobiernos y de las instituciones de ese país.

La demanda boliviana se está enfrentando con tranquilidad y confianza: Chile, en la defensa de su territorio, otra vez da muestras de unidad, mediante una política de Estado que trasciende a los gobiernos y que convoca a equipos de juristas y diplomáticos de excelencia.