El estatus de lo público parece dominar el análisis sobre la universidad. Le falta un elemento a la ecuación que se maneja: la existencia de lo público en una sociedad abierta se posibilita justamente por la relación dinámica entre Estado y sociedad. Los impulsos que nacen de esta última en ideas, en iniciativas de producción y desarrollo, en asociaciones o en personas que pugnan por hacer valer un punto de vista, son lo que constituye el tejido más vivo del país. En su conjunto, Estado y sociedad son los pilares en los que se asienta lo que llamamos nación. Es en esa perspectiva donde tiene sentido el despliegue del Estado.
Así ha sido la historia de la educación en Chile, y se ve muy claro en el desarrollo del sistema universitario, tan en el foco de la discusión de estas últimas semanas (aunque el problema del país reside más en la educación básica y media). Su primer destello fue la Universidad de San Felipe, fundada tanto por el Rey (el Estado) como por la Iglesia (en parte Estado, en parte sociedad). En la república, es el Estado el que funda la Universidad de Chile (1842), aunque en su desarrollo protagónico llega a expresar la voluntad de la élite profesional e intelectual que la componía (que no era solo la llamada clase alta), y en virtud de ello surge de la sociedad, ya que no era idéntica a una burocracia del Estado. Este último debe concebirse también en un sentido amplio del término, propio de una sociedad abierta, tanto en las estructuras de organización como en la manera en cuanto es uno de los componentes de lo público.
La historia de los debates culturales y políticos del XIX hizo parir la segunda gran creación universitaria de Chile, la Universidad Católica (1888), que en el curso del siglo XX llegó a poseer igual protagonismo que la anterior. Brotaba de fuerzas de la sociedad pero no ha estado alejada de las necesidades de la nación en su conjunto. Con el cambio de siglo emergieron otras iniciativas desde la sociedad: la Universidad de Concepción, en 1929; la Universidad Católica de Valparaíso, en 1928, y la Federico Santa María, en 1929. En los años 1950 se dio inicio a la expansión de las sedes de la Universidad de Chile, origen último de todas las universidades estatales, siendo la Usach un caso distinto. En las últimas tres décadas se sumaron las privadas de nuevo cuño, donde cada caso merece un juicio aparte. En su conjunto, el impulso que las hizo nacer se originó en la sociedad dentro del marco de la nación, donde el Estado cumple un papel que no se agota en pagar el salario de sus empleados. El fisco no reduce su existencia a la producción del Estado; su fuerza (y su debilidad) se originó en la nación.
¿Qué sector de todas ellas responde mejor a los intereses generales del país, tema arrojado a la palestra por el ministro Eyzaguirre? Definir un "interés general" no es algo tan sencillo como aparece a primera vista. En variedad de puntos de vista, en pluralismo en suma, al menos en el área en la que me muevo, en humanidades y algunas ciencias sociales, en las privadas tradicionales (UC, U. de Concepción, etc.), añadiendo un par de universidades de nuevo cuño, es donde he sido testigo de menor uniformidad (otra manera de definir pluralismo) que en muchos ambientes de aquellas que en lo jurídico son estatales.
La Universidad de Chile no debe su valer a la burocracia del Estado, sino a que ha sido un imán de fuerza intelectual y profesional en la república, y por ello merece atención. Lo mismo, un sano principio de subsidiariedad hace que otras universidades estatales regadas a lo largo del país deban recibir el apoyo decidido y racional, pero no porque entre ellas agoten el ser de la nación.