Las relaciones laborales han cambiado muy significativamente durante las últimas tres décadas en el mundo entero. Uno de los efectos más visibles ha sido la fuerte caída de la tasa de sindicalización en las más diversas latitudes, con la excepción de los países escandinavos. Las causas de esta pérdida de importancia de los sindicatos son múltiples, pero se vinculan con los cambios tecnológicos, la mayor escolarización de la población y el creciente reemplazo de actividades rutinarias por otras que requieren más creatividad. También ha incidido la creciente globalización, que les impone a las empresas una presión competitiva que ha disminuido las rentas que pueden ser objeto de negociación.

La agenda laboral y previsional que ha propuesto el gobierno de la Presidenta Bachelet se hace solo parcialmente cargo de estas transformaciones. Acertadamente, aspira a ampliar las materias que pueden ser objeto de negociación colectiva, mejorar la información disponible en esos procesos y potenciar la formación sindical. Estas son propuestas que, bien diseñadas, pueden efectivamente hacerse cargo de los cambios ocurridos en las relaciones laborales. Pero hay otros planteamientos que parecen alejarse de esta realidad y que no es evidente que sirvan a los intereses de los trabajadores. Al respecto, es cuestionable que se quiera avanzar hacia monopolizar en los sindicatos los procesos de negociación colectiva. La legislación actual permite también la existencia de grupos negociadores formados especialmente para pactar sus condiciones laborales. Esta práctica no es exclusiva de nuestro país. Impedirla sería desconocer que, por las características de las economías modernas, el modelo habitual de negociación, que supone trabajadores que realizan tareas muy similares de modo rutinario, no corresponde a la realidad actual.

Otra propuesta inconveniente es la de prohibir reemplazar trabajadores durante la huelga. En la actualidad, hay restricciones a esta posibilidad (básicamente, un pago por trabajador reemplazado), pero ella está permitida. Muchos países han eliminado dicha prohibición, porque no beneficia la productividad y tampoco a los trabajadores. Además, hay una tensión inevitable con la necesidad de las empresas de entregar sus productos a tiempo en ambientes cada vez más competitivos (el paro portuario de enero fue un buen ejemplo al respecto). Así, el desequilibrio que introduce la prohibición del reemplazo en las negociaciones va más allá de lo razonable. La evidencia comparada -una parte importante de la cual proviene de Canadá, pues sus provincias han tenido diferentes regulaciones en esta materia- tampoco muestra que esta sea una buena política; más bien sugiere que la posibilidad de huelga en el proceso de negociación colectiva aumenta como consecuencia de esta disposición, y que su duración promedio también se incrementa. Estudios recientes, además, constatan que si bien la prohibición puede en el corto plazo incidir en un mejoramiento de las remuneraciones, este se esfuma al poco tiempo, como consecuencia de los cambios en las tecnologías de producción y de la menor inversión a que estas políticas dan lugar.

En materia previsional se ha planteado convocar a una comisión de expertos para evaluar reformas al sistema de pensiones, pero también se ha reiterado que, durante los primeros cien días de gobierno, se enviará un proyecto de ley para crear una AFP estatal. No se ha podido explicar satisfactoriamente los beneficios que ella traería y hasta se ha dicho que podría tener comisiones iguales a cero; es decir, financiarse con recursos públicos. La evaluación social de una fórmula así sería claramente negativa, pero ya el hecho de que se plantee la idea es indicativo de que no hay una buena razón para promover esta institución, en una demostración de que, en este asunto, la ideología ha hecho oídos sordos a una reflexión razonada sobre los verdaderos desafíos del país en materia previsional.