A una semana de haber asumido la Presidenta Bachelet, el Comité de Ministros integrado por los titulares de Medio Ambiente, Economía, Minería, Energía, Agricultura y Salud, se reunió para examinar la decisión tomada por el anterior gobierno en relación con HidroAysén; en una corta sesión, resolvió invalidarla. Al respecto, el ministro de Medio Ambiente, quien encabeza el actual comité, afirmó que el plazo de dos años y medio que anteriormente la administración Piñera se tomó para convocar a esa instancia había sobrepasado con creces los 60 días que indica la ley y, además, el hecho de que las reclamaciones presentadas ante ella se hubiesen zanjado de manera fraccionada le daba "vicios de ilegalidad" a su pronunciamiento y justifica la decisión ahora adoptada. La resolución anterior, que contemplaba una consulta sobre la variación del caudal de los ríos de la zona una vez que entrare en operación el proyecto, y otra sobre el impacto que tendría la llegada de cinco mil trabajadores a Cochrane para la construcción de las centrales, fue interpretada en ese momento como una maniobra dilatoria para no tomar decisiones de alto costo político y bajo retorno en el corto plazo, y trasladarlas al siguiente gobierno.

El actual Comité de Ministros ha afirmado que su resolución significa volver toda la tramitación del proyecto a su cauce institucional. Así, los eventualmente afectados por esta invalidación tendrán 10 días hábiles para interponer sus objeciones, antes de que esta pueda hacerse efectiva. Dicha invalidación también podría ser eventualmente objeto de recursos que dilaten el proceso. Una vez a firme, el Gobierno ha comprometido que el Comité volverá a sesionar en el plazo de 60 días hábiles establecido por la ley, para entonces pronunciarse de manera definitiva e integral sobre las 35 reclamaciones presentadas, yendo así al fondo de la discusión. Ha de estimarse saludable la prontitud con que el Comité fue convocado y la declarada voluntad de encauzar institucionalmente la tramitación del proyecto. Esto, considerando tanto la importancia que tiene la generación eléctrica para el desarrollo del país -en particular en la actual coyuntura económica- como las dificultades que ha tenido el asentamiento de nuestra institucionalidad ambiental, ya sea por resoluciones judiciales que la han cuestionado o por casos como el de Barrancones, cuando, desde el Ejecutivo, se le insinuó a la empresa que lo desarrollaría que se desistiera de hacerlo, a pesar de contar con las aprobaciones necesarias.

El mismo celo institucional que el Comité de Ministros ha argumentado como fundamento de esta decisión será puesto a prueba dentro de poco, cuando deba emitir un pronunciamiento definitivo. El comité es una instancia técnico-política, que obviamente no puede admitir proyectos que no cumplan con la normativa ambiental; en rigor, esto ya fue zanjado al obtener las represas de HidroAysén su resolución de calificación ambiental y solo le corresponde resolver respecto de las reclamaciones mencionadas. Por cierto, sus integrantes no están arbitrando entre el interés particular de una empresa y el bien común de la nación; su tarea es la de decidir sobre la pertinencia de reclamaciones puntuales respecto de un proyecto de interés general, para el cual el sector privado asume el riesgo financiero, técnico y de gestión, a cambio de una legítima rentabilidad.

No se advierten motivos técnicos para que una iniciativa como esta, que ha sido modificada de manera importante a lo largo de un decenio para minimizar sus impactos sobre el entorno, que utiliza una fuente energética renovable y no contaminante, que pasó los controles ambientales del Estado y que viene a contribuir con eficiencia al gravísimo problema de provisión energética en Chile, sea rechazada. En caso de que, aun así, el Comité de Ministros decidiera objetarla, deberá explicar con mucha claridad y persuasión sus razones al país, pues las necesidades energéticas y la propia institucionalidad así lo exigirían.