Señor Director:

La discusión respecto de cuál debe ser la composición adecuada que debe tener el Consejo de Monumentos Nacionales, y de cómo ejerce sus atribuciones, constituye una materia de la mayor importancia para la protección efectiva del patrimonio cultural declarado en Chile.

Este aspecto, uno de los tantos temas que aborda la esperada y necesaria modificación a la Ley de Monumentos Nacionales ingresada recientemente al Parlamento, ha sido materia de debate público por estimarse que la propuesta no reconoce de manera suficiente el aporte de ciertos gremios y sociedades científicas dentro de la composición de este órgano colegiado.

Llama la atención la precipitación y el sesgo con que algunos actores han presentado sus puntos de vista. Más que debatir el proyecto en su mérito, y de canalizar atendibles observaciones a través de la tramitación en el Congreso, algunas reacciones parecen responder más a una resistencia cerrada al cambio y a una autodefensa gremial. No hay que olvidar que también el gobierno anterior tuvo una preocupación al respecto cuando ingresó al Congreso, en mayo del año 2009, una propuesta que planteaba un Consejo compuesto por doce integrantes, seis de los cuales eran ministros de Estado, el director de Conadi y cinco personalidades del ámbito del patrimonio cultural. No recuerdo polémica pública ni rechazo de parte de los consejeros o de representantes de la sociedad civil en ese momento.

El actual Consejo de Monumentos Nacionales es un órgano centralizado compuesto por 21 miembros, 13 del mundo público, un especialista en conservación y restauración nominado por el ministro de Educación, y siete representantes de gremios, academia y sociedades científicas, que reuniéndose una vez al mes en sesión ordinaria deciden desde Santiago acerca del destino del patrimonio protegido por la Ley 17.288 en todo el país.

Para hacerse una idea, el universo de bienes que se encuentran bajo su tuición contempla todos los sitios arqueológicos y paleontológicos distribuidos en nuestro territorio, todos los elementos conmemorativos en el espacio público, 42 santuarios de la naturaleza, 1.100 monumentos históricos y 120 zonas típicas, por lo que es imposible atender con calidad y eficiencia a este enorme desafío mediante la actual representación y su estructura de funcionamiento.

Es por lo anterior que el proyecto propone dos grandes modificaciones: instalar consejos regionales y otorgar una orgánica a la Secretaría Ejecutiva del mencionado Consejo, la cual hoy se ve expuesta a una precariedad institucional que no se condice con el importante rol público que le corresponde ejercer.

Esperamos que este debate pueda plantearse con la altura de miras que requiere, pensando en el bien común y en la protección efectiva del patrimonio cultural.

Magdalena Krebs Kaulen
Directora DIBAM Vicepresidenta ejecutiva Consejo de Monumentos Nacionales