Las sociedades son telúricas. Se mueven. A veces no se nota, como tampoco se perciben muchas de las sacudidas que experimentan a diario los países sísmicos, cuyos habitantes siguen circulando por las calles o durmiendo confiadamente en sus hogares. Pero está temblando, y los expertos, atentos a sus instrumentos, registran cada uno de los silenciosos movimientos.

Sin que la mayoría nos diéramos cuenta, en la sociedad chilena venía temblando desde hacía tiempo. Se trataba de movimientos leves, esporádicos, casi imperceptibles. Hemos vivido un par de décadas sin terremotos sociales ni económicos, enhorabuena, aunque sí con leves y sucesivos temblores de los que no nos apercibíamos. La no ocurrencia de sismos mayores nos hizo pensar que no temblaba en absoluto y que tampoco lo haría en el futuro. Como los habitantes de un país sísmico que no sienten los suaves temblores de cada día, continuamos por largo tiempo con nuestras rutinas políticas y económicas hasta que los movimientos sociales y estudiantiles encendieron las alarmas. Estaba temblando, ahora sí de manera perceptible, pero sin que tuviéramos que lamentar sismos de proporciones.

Si nos concentráramos solo en el plano político, las cosas nos iban bien, o parecían hacerlo. Saludamos las reformas constitucionales de 2005 como si hubiéramos agotado todas las que había que hacer, prolongando hasta hoy el veto que la minoría tiene sobre la mayoría en la modificación de la Constitución y de leyes orgánicas que regulan importantes materias, cargándonos así la regla de oro de la democracia, esa forma de gobierno que la derecha vio venir presa del pánico luego del plebiscito de 1988, a pesar de que llegaba en una versión protegida muy de su gusto; partidos políticos y parlamentarios electos navegaron alegremente por un sistema binominal que divide el poder en partes iguales entre las dos grandes coaliciones, y permitieron que la lógica de un mal sistema para elegir senadores y diputados hiciera metástasis y se extendiera a nombramientos en la Corte Suprema, en la justicia constitucional, en el Banco Central, y en la así llamada televisión pública, como si toda la diversidad del país se agotara en la Concertación y en la Alianza; la derecha llamó a todo eso "estabilidad" e hizo creer que la gobernabilidad era más importante que la democracia, la propiedad que la libertad, el mercado que la igualdad, y que, más allá de combatir la pobreza extrema, no era del caso hacerlo con las crecientes desigualdades en las condiciones de vida de las personas y en el trato que estas reciben; intelectuales criollos posmodernos creyeron que el creciente acceso al consumo narcotizaría a las masas y montaron eufóricos en sus tablas de surf sin advertir las rocas que otros veían con claridad desde la playa; se siguió adelante con la resuelta mercantilización en la provisión de bienes y servicios que tienen que ver con los derechos fundamentales a la salud, a la educación y a una previsión oportuna y justa; y por el lado de la izquierda de la Concertación se cambió "izquierda" por "progresismo", e "igualdad" por "equidad", y se zahirió como "autoflagelante" a cualquiera que levantara una voz crítica.

Los asuntos políticos fueron presentados como antagónicos de los problemas de la gente, y a nadie pareció importarle que para reformar la Constitución se siguieran necesitando 2/3 de los parlamentarios en ejercicio y 4/7 para hacerlo con leyes orgánicas, en circunstancias de que no pocos de los así llamados problemas de la gente pasan por cambios constitucionales y legales.

Se ha estirado demasiado la cuerda, y si bien nadie quiere que se corte, el Gobierno y nuestra clase política, ahora súbita y nada sinceramente movilizados para cambiar el binominal solo por temor a la amenaza de una asamblea constituyente, siguen comportándose de manera reactiva y sin ver más allá de sus narices (perdón, de sus intereses).