Mursi representaba a los Hermanos Musulmanes (HM), un movimiento islámico radical de profundas raíces en la sociedad egipcia y el grupo político mejor organizado, pero rechazado por casi la mitad de la población. Elegido democráticamente como Presidente en los primeros comicios libres de la historia egipcia, no estuvo a la altura de las expectativas del país. Tras las protestas violentas que derribaron al "antiguo régimen", la población esperaba que un nuevo gobierno resolviera sus problemas. Mursi no satisfizo esa aspiración. Más libertad política, mejor manejo de la economía, mayor compromiso para llegar a acuerdos con los grupos opositores, eran algunas de las demandas de los manifestantes, que luego de varios días de protestas callejeras, aplaudieron el ultimátum que los militares dieron al Presidente y su posterior destitución.
Ahora, los egipcios se enfrentan a un proceso incierto, que nadie sabe cuánto durará ni si terminará efectivamente en nuevas elecciones democráticas. Quien debe llevar a cabo esa transición es alguien que hasta el jueves era el presidente del Tribunal Constitucional, nombrado por los militares y apoyado por líderes religiosos, pero no por los HM. Adli Mansur es un jurista de larga trayectoria, lo cual significa que hizo su carrera durante el gobierno de Mubarak, pero cuenta con la confianza de amplios sectores que ven en él a un hombre probo. Su misión es difícil, pues tiene que responder a las exigencias de disímiles grupos de presión. Por una parte, de los militares, que tienen el poder y han demostrado voluntad de ejercerlo. También de los grupos civiles que fueron los protagonistas de las movilizaciones de los últimos días y que, probablemente, no tienen temor a volver a salir a la calle si las cosas no resultan como lo esperan.
Mansur también debe llamar a un diálogo político que incluya a los Hermanos Musulmanes, pues sin ellos cualquier acuerdo perdería legitimidad. Y esta misión es compleja, tanto más porque en este momento muchos de ellos han sido arrestados, sus medios de comunicación censurados, y reclaman por sus derechos. Para satisfacer los requerimientos generales, la primera tarea de Mansur debería ser formar un gabinete amplio y representativo, que pueda asegurar que en corto tiempo los egipcios tendrán un gobierno legítimo y un Parlamento salidos de las urnas. Asimismo, el gobierno interino debe responder a la comunidad internacional, que mira con inquietud que este nuevo alzamiento no garantiza la estabilidad democrática y, por el contrario, puede ser el inicio de un ciclo en que los militares intervengan en política cuandoquiera que consideren que los asuntos no marchan como a ellos les parece.
Gestión decepcionante
Hay amplio consenso en que Mursi hizo una mala gestión: fue sectario, excluyente y decepcionó las aspiraciones de la mayoría ciudadana que pedía libertad política y mejor manejo económico. Si una de las razones para las protestas contra Mubarak fue el desempleo, que se empinaba sobre el 8%, durante el corto gobierno de los HM, nada se hizo al respecto. Los indicadores económicos empeoraron ostensiblemente en el último año. El crecimiento fue de apenas 2,2%, la inflación subió más del 7% y el desempleo se disparó al 13,2% en lo que va de 2013. El turismo (que representa el 11% del PIB) cayó en picada por la falta de seguridad en el país; las inversiones extranjeras brillaron por su ausencia, y la industria ha sufrido de escasez de insumos y energía. Falta combustible, subsidiado, porque no hay suficientes divisas para importarlo.
Este cuadro sombrío, trasfondo del descontento de los egipcios que salieron a la calle justo en el primer aniversario de la asunción de Mursi, debe ser revertido por las nuevas autoridades, cuya primera misión, sin embargo, es buscar la forma en que Egipto efectivamente pueda entrar al mundo de la democracia y demostrar que ese es un mejor camino que la violencia propugnada por los grupos islámicos radicales.
Brasil: plebiscito, pero no todavía
Dilma Rousseff está orgullosa de que en Brasil se proteste en democracia y su gobierno escuche las demandas. Aun así, sufrió una brusca caída en las encuestas, que la deja mal parada para su eventual reelección en 2014, y está por verse si su propuesta de reformas políticas será bien recibida por "la calle".
Apenas estallaron las manifestaciones de millones de indignados brasileños -que pedían la supresión de un alza de los pasajes y, luego, mayor transparencia en la política, acabar con la corrupción y frenar los gastos excesivos en la infraestructura para el Mundial de Fútbol-, Rousseff ofreció llamar a plebiscito para convocar a una asamblea constituyente que reformara las leyes políticas. Medio Brasil rechazó tal idea, desde ministros de la Corte Suprema hasta legisladores y juristas de prestigio: el camino constitucional pasa por el Congreso. "Las declaraciones de la Presidenta son poco específicas y arriesgadas, porque para alterar la Constitución, ella misma provee cómo. Cambiarla por plebiscito es propio de regímenes autoritarios", dijo el ex Presidente Cardoso, uno de quienes sepultaron la propuesta presidencial.
Ahora, Dilma tiene que esperar que su proyecto de financiamiento de partidos políticos y campañas, reforma al sistema electoral y voto parlamentario secreto, entre otros temas, sea debatido y aprobado por los parlamentarios para llamar a un plebiscito. Su intención es que se haga ya, antes de octubre, para que las nuevas normas estén vigentes en las próximas elecciones. Los legisladores no parecen proclives a hacerlo, lo cual sería un golpe para la Presidenta, que quiere responder a las demandas de la ciudadanía, harta de la corrupción endémica y de la impunidad de los políticos.
Es incierto que con esta iniciativa Dilma logre desactivar el descontento popular. Pero sería importante comprobar el asidero real de las palabras del presidente de la Corte Suprema que sostuvo que "la democracia de Brasil es suficientemente sólida como para soportar estas turbulencias".