Inmediatamente después de las primarias, algunos colegios municipales -entre ellos varios principales de las comunas de Providencia y Santiago- fueron nuevamente tomados por sus alumnos, para insistir en las diversas demandas que los estudiantes resumen en educación gratuita, pública y de calidad. Estas movilizaciones suelen ser iniciadas por cúpulas estudiantiles minoritarias que, con una política de hechos consumados, han conseguido, tras sucesivas consultas, votaciones y asambleas consultivas, respaldos mayoritarios circunstanciales. La voz de aquellos estudiantes que rechazan o se han abstenido de apoyar la toma ha tenido escasa cabida. En diversas oportunidades, la opción de continuar con las clases no se plantea, pues se debe elegir entre continuar la toma o tener lo que se denomina "horarios protegidos".
Hasta ahora, los apoderados habían asumido poco protagonismo. Esto, afortunadamente, comienza a cambiar. A los intentos de algunos padres por reunir firmas en contra de la toma prolongada se ha sumado un grupo de apoderados que presentaron un recurso de protección para exigir que la Municipalidad de Providencia entregue el servicio educativo como sostenedor responsable de los colegios públicos de la comuna, y han hecho presente su malestar por la situación que afecta a sus hijos. La Ley General de Educación establece la obligatoriedad de los sostenedores públicos de garantizar el acceso a la educación. No ha habido hasta ahora mayor pronunciamiento de los tribunales, pero es esperable que lo haya, dada la repetición y prolongación de estas movilizaciones.
Preocupa la legitimidad que ciertas autoridades edilicias intentan otorgarles a estas ocupaciones. Proveer de urnas para el voto secreto y contar con la presencia de adultos, profesores o veedores municipales, como ocurrió en un liceo de Providencia, no legitima la interrupción del quehacer académico y la privación del derecho a la educación de miles de alumnos.
Es paradójico que las demandas por mejor educación pública se traduzcan en largos paros y tomas con pérdidas millonarias en infraestructura, la interrupción de un año académico que ya se anuncia deberá prolongarse hasta enero, el entorpecimiento del acceso a beneficios alimentarios y el éxodo hacia instituciones privadas. Y es bochornoso el caso de las alumnas del Liceo Carmela Carvajal, que votaron para deponer la toma al comenzar las vacaciones de invierno, anunciando que a su término evaluarían continuar con la ocupación.
El real respeto de la institucionalidad y el rechazo resuelto a estas tomas violentas por parte de todos los actores políticos, y especialmente de los padres y profesores afectados, son esenciales para resguardar la educación pública. El respaldo de la ciudadanía al movimiento estudiantil se ha sustentado en la inclusión en la agenda pública de diversas debilidades que afectan al sistema educacional en su conjunto, lo que se ha traducido en propuestas, proyectos de ley y reformas, muchas de ellas en actual debate legislativo. Asimismo, la educación es tema prioritario en la campaña presidencial. Sin embargo, la insistencia en las tomas como medio de presión seguramente debilitará ese apoyo, pues la intransigencia de grupos extremos daña a miles de alumnos de educación básica y media que no pueden ejercer su derecho a educarse.