En momentos en que se abren interrogantes sobre el futuro del sistema de isapres, debido a los fallos judiciales contrarios a los ajustes de precios, necesariamente cabe preguntarse sobre qué instancia asumiría la función que ellas han cumplido por más de 30 años. Algunos han planteado la creación de un asegurador único nacional, que las reemplazaría. Asimismo, se ha propuesto eliminar la modalidad de atención de libre elección de Fonasa, pues ella -hoy una válvula de escape a las deficiencias del sistema público- no se atendría a una lógica de equilibrio entre costo y eficacia. En tal esquema, las isapres, en teoría, podrían ofrecer solo un seguro complementario, para mejorar la cobertura de Fonasa. Las cotizaciones de salud se irían reemplazando paulatinamente con aportes fiscales -lo cual equivale a postular que la salud se financie en su totalidad con impuestos-.
Un cambio tan radical ha sido calificado por algunos como una estatización de la salud, y otros han observado que no se ajusta a la idiosincrasia de la clase media ni de los médicos, pues Fonasa se convertiría en un comprador único de prestaciones y no habría incentivos para ofrecer seguros privados. Un estudio de la Asociación de Isapres muestra que si se fusionaran ambos sistemas para crear uno solo, el incremento en la disponibilidad económica per cápita sería de solo 3,9%. Parece difícil que el servicio estatal, con una población aumentada y un incremento presupuestario tan marginal, fuese capaz de optimizar sus servicios. Además, el poder monopsónico de una sola una unidad compradora no es socialmente beneficioso, y al eliminar a las isapres simplemente se sepultaría toda opción de aseguramiento en salud. Los más afectados serían quienes tienen alguna preexistencia, o que aspiran a un seguro para acceder a una medicina de mejor calidad, o solo diferente de la que ofrezca el asegurador único estatal. Es de prever el descontento de quienes buscarán un seguro privado sin conseguirlo: después de miles de fallos judiciales por alzas de precios, ningún asegurador privado se atreverá a enfrentar, mediante fórmula contractual alguna, el incremento de los costos de la medicina, ni siquiera en contratos complementarios.
Es muy fácil propiciar una atención gratuita para todos -un antiguo sueño del Estado Benefactor-, pero eso olvida la realidad del encarecimiento de los costos de atención médica, que se producen por factores exógenos a los seguros -fundamentalmente el envejecimiento y el desarrollo de la medicina- y se expresan en los precios de las primas, vía por la que se financia a los prestadores médicos. Ante esa realidad se han estrellado los esquemas estatistas incluso de los países más desarrollados, porque los costos también suben para el Estado, al igual que para los prestadores privados.
Pero hoy parece políticamente muy difícil lograr un piso para buscar fórmulas razonables. Uno de los factores determinantes de ello ha sido la inexplicable omisión de las propias isapres, desde los inicios de ese sistema, en cuanto a explicar masiva y sistemáticamente a la población la real naturaleza del mismo -un seguro y no un fondo de ahorros para salud-, y las causas económicas para el alza de las primas. Para esto no bastan declaraciones de sus personeros, por fundadas que sean, sino que se requiere una campaña informativa constante, que supone un desembolso que se prefirió evitar. Ahora las isapres y el país parecen al borde de la amarga experiencia de su eventual extinción, con el resultado de una nivelación hacia abajo de todo el sistema de salud, la pérdida de la actual transferencia casi inmediata hacia Chile de las tecnologías médicas de punta en el mundo desarrollado, y -lo más paradójico- el anticipable aumento de la desigualdad en la atención, que ya se ha observado históricamente en países europeos avanzados, pero con sistemas de salud que datan de la segunda posguerra, cuando el Estado de Bienestar se creía la solución perfecta: solo los más ricos podrán acceder a prestaciones privadas, en el país o en el extranjero, y el resto deberá soportar un sistema público empeorado por una innecesaria sobrecarga de usuarios descontentos, y acaso indignados.