Las elecciones primarias, de vital importancia para el futuro de las dos grandes coaliciones políticas, han concentrado la atención de los dirigentes, puesto que de ellas podría depender su destino. No obstante, nadie debería olvidar las responsabilidades que ellos tienen ante el país por el futuro de la educación, que con tanta urgencia han representado los estudiantes en estos últimos años. El Ejecutivo y el Congreso tienen una extensa tarea que cumplir, y aunque este sea un año electoral y los parlamentarios estén muy interesados en sus candidaturas, no podrán eludir la responsabilidad de estudiar y sacar adelante los proyectos de ley que conforman la agenda educacional del país.
Sea cual fuere el Gobierno que suceda a este, parece existir consenso en que los fines de lucro no son adecuados para instituciones como las universidades y, desde luego, la ley chilena no lo permite. Pero aunque el lucro en la educación universitaria esté prohibido, se han registrado casos sospechosos y otros que claramente vulneran la norma. A no dudarlo, hay en esto una deficiencia del sistema ideado en las últimas décadas para detectar cuándo una institución se desvía de sus finalidades. A esa necesidad responde el proyecto que crea una Superintendencia de Educación Superior, y si bien, como todo proyecto, es susceptible de ser mejorado en su tramitación, es necesario acelerar su curso. Pese a las protestas y a las urgencias, la propuesta que ingresó al Senado en noviembre de 2011 aún no logra superar el primer trámite constitucional. El plazo para presentar indicaciones, que vencía en abril de este año, ha sido postergado en cuatro oportunidades y concluirá ahora el 22 de julio.
Igual preocupación causa la tramitación del proyecto de la nueva Agencia Nacional de Acreditación para las instituciones de educación superior. Sin duda es un tema íntimamente relacionado con el anterior, pues no puede olvidarse que fueron las insinuaciones del órgano estatal las que incitaron a las coimas y crearon una situación cercana a la extorsión. Pero, independientemente del destino político del país, los poderes públicos deben responder a la urgente preocupación actual examinando la forma en que se acreditan las instituciones y aprobando una nueva fórmula que habrá de servir a los próximos gobernantes. Mediante un sistema de aseguramiento de la calidad, el Estado de Chile se hace responsable de garantizar ciertos niveles mínimos, y con la institucionalidad actual está fallando ante esa inmensa responsabilidad, de modo que si no se avanza, el Gobierno y el Congreso seguirán en falta.
No son estas las únicas materias educacionales que requieren tratamientos de urgencia. El Ejecutivo ha resuelto actuar en todos los planos, desde mayores exigencias para abrir jardines infantiles y obligatoriedad del kindergarten, hasta nuevos sistemas de financiamiento de la educación superior. Pero junto a esos cambios que requieren ley existen otras medidas ya en marcha, como las nuevas superintendencia y Agencia de Calidad o las nuevas bases curriculares para la enseñanza básica y media, que exigen el apoyo de la ministra del ramo para consolidarse. El proceso de admisión a las universidades debiera experimentar importantes modificaciones después del informe de la consultora internacional Pearson, y la duración de las carreras universitarias es también un tema de debates que demanda la atención de los dirigentes políticos, como también lo requiere la reforma a la carrera docente.
Esta agenda está llena de tareas y no sería aceptable que, por tratarse de un año electoral, los dirigentes políticos descuiden hasta el olvido la que es la primera prioridad de la ciudadanía, partiendo de la base, por ser obvia, de que la nueva ministra de Educación tiene que ser el mayor agente movilizador de esta agenda ambiciosa.