El actual debate en torno a las AFP revela que con el paso del tiempo se ha ido perdiendo la comprensión de la naturaleza de su objetivo y las razones de su introducción. El anterior sistema, de reparto -revivido como solución por algunos en este debate-, fracasó porque su naturaleza consiste en "prometer" o "garantizar" ciertos "beneficios definidos" a los diversos grupos de pensionados, financiados por quienes se encuentran en una etapa activa de trabajo. Y, precisamente porque la demografía cambia -aumenta la proporción de personas pasivas respecto de las activas, por una mayor esperanza de vida y disminución de la natalidad con el desarrollo económico-, y porque los "beneficios definidos" están permanentemente sometidos a presiones políticas para ser modificados al alza -o, lo que es peor, a la discrepancia de los mismos-, el sistema de reparto no se sostiene financieramente. Así ocurrió en Chile, y ha venido ocurriendo en varios países europeos en la actualidad.
El sistema de AFP, también llamado de "capitalización individual", modifica radicalmente la forma de acumular los fondos para la previsión de las personas. En vez de definir el beneficio, define la contribución que el trabajador hace, pero no a un fondo social, sino a una cuenta individual, que se administra junto con los fondos de cuentas de otros trabajadores, por empresas cuyo giro es solo ese -las AFP-, entre las cuales el aportante escoge una y puede cambiarla si lo desea, y cuyo objetivo es darles rentabilidad a esos fondos a lo largo de su vida laboral, para que, cuando la persona se jubile, destine el fondo así acumulado a un pago mensual -su jubilación-. Por tanto, no hay una "promesa" respecto del tamaño de ese pago mensual -el sistema es de "contribución definida" y no de "beneficio definido"-, sino respecto de la buena administración de sus ahorros. Lo que sí hubo fue un cálculo teórico del fondo acumulado luego de una vida laboral completa, sobre la base de una contribución definida como porcentaje de un salario que se incrementa razonablemente a lo largo de esa vida laboral, y con tasas conservadoras de rentabilidad del fondo, que indicaba que "si todo eso ocurría", la persona jubilaría con un monto parecido al 70% de su último sueldo.
El hecho de que muchas personas reciban como jubilación del sistema de AFP una fracción de su última remuneración -la tasa de "reemplazo"- menor a 70% no es producto de una mala administración de esos fondos, sino básicamente de dos factores: el aumento de la esperanza de vida de las personas en estos 30 años de existencia del sistema (porque el fondo acumulado debe repartirse en más años), y una alta proporción de "lagunas" sin cotización cuando la persona estaba sin trabajo.
Por eso, la forma de corregir ese problema no está en cambiar el sistema por uno que ya fracasó, sino en mejorar el actual, porque su "promesa" -la de la buena administración, sin fraudes de dichos fondos- se ha cumplido con mucho éxito. Ello supone trabajar sobre tres factores: el monto de la "contribución definida", aumentándola; la edad de jubilación, aumentándola también, para incrementar el fondo acumulado y disminuir así los años del período de pago, y buscar fórmulas para mantener algún tipo de contribución cuando la persona no esté trabajando. Obviamente, todas esas reformas no son populares, y por eso muchos pueden sentirse atraídos por "promesas" de "beneficios definidos" de un sistema de reparto, sin advertir que los problemas macroeconómicos para satisfacer esas promesas transforman al remedio en algo peor que la enfermedad. Basta observar la crisis que el sistema de reparto ha traído a varios países europeos.