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Editorial
Martes 25 de junio de 2013
Tomas de locales de votación: inaceptables
En ninguna democracia sólida y respetable, las votaciones se realizan solo allí donde la fuerza de terceros permite hacerlo, y no donde la ley lo dispone. ¿Qué país con democracia madura admitiría algo semejante?...
Ante las tomas de locales de votación por estudiantes y, presumiblemente, elementos extremistas infiltrados en ellas, ni el país ni sus autoridades pueden admitir que el Estado de Derecho sea atropellado. No cabe tolerar que esos elementos, cualesquiera sean sus argumentos -atendibles o no, se compartan o no-, se impongan por la fuerza sobre la ley y hagan retroceder a la democracia chilena, alterando o impidiendo el ejercicio del derecho a sufragio, esencial para la democracia. En esto no puede haber transacciones ni debilidades. Ningún motivo de "prudencia" justifica que -incluso si eso fuera logísticamente posible- se cambien los locales de votación determinados en conformidad con la normativa legal. Además de una señal de doblegamiento de la juridicidad ante la fuerza, eso alteraría la normal expresión de la voluntad ciudadana, en un acto de suyo mucho más complejo que lo habitual, por su novedad y demás circunstancias conocidas.
Si esto se aceptase, sentaría un precedente nefasto, generando un incentivo obvio para que cualquier otro movimiento pretendiera, por ejemplo, hacer otro tanto en las elecciones de noviembre. Es una opción que debe rechazarse de modo absoluto, pues puede afectar la legitimidad misma de la próxima elección presidencial.
El resguardo del orden público en ese día, por mandato de la Constitución y de la Ley N° 18.700 -la redacción de cuyo artículo pertinente (110) es de 1999-, corresponde desde el segundo día anterior (esto es, a las 0 horas del viernes 28) a las Fuerzas Armadas y a Carabineros. Los jefes designados al mando de ellas "tendrán la responsabilidad directa" de su mantenimiento" (art. 111). Esto incluye "cuidar que se mantenga el libre acceso a las localidades y locales en que funcionen mesas receptoras de sufragios, e impedir toda aglomeración de personas que dificulten a los electores llegar a ellas o que los presionen de obra o de palabra" (art. 113). Estas normas, en todo lo esencial, datan de la década del cuarenta del siglo pasado, y han sido garantía de orden en los comicios desde entonces.
Todo lo anterior es indispensable, inequívoco y no se presta a interpretaciones ambiguas. Inquieta, por tanto, que varios candidatos del pacto Nueva Mayoría, en su debate televisivo del pasado domingo, hayan sido elusivos a este respecto. José Antonio Gómez (PR) afirmó que "buscaría el diálogo, y (...) lugares distintos para que se hicieran las elecciones. Jamás usaría la fuerza para desalojos". Claudio Orrego (PDC) sostuvo: "Yo no estoy de acuerdo con las tomas y no me gustan. Prefiero las marchas creativas. (...). Cuando se empieza a destruir lo que es nuestro, se debe aplicar la fuerza con firmeza y también con delicadeza".
Pero si no prosperase el diálogo con los estudiantes que estos precandidatos propician, ¿en qué pie quedan los derechos de los votantes impedidos de sufragar? ¿Valen ellos menos que los de los ocupantes ilegales de los locales de votación?
Michelle Bachelet (PS-PPD) expresó que tampoco le gustan las tomas, pero "hay que (...) dialogar con los estudiantes y buscar un acuerdo para que dejen los establecimientos antes del momento en que tenga que entrar la fuerza militar. Lo que no puede pasar en Chile es que sea la fuerza militar la que saque a esos estudiantes. (...) No tiene la preparación para la seguridad pública, tiene una preparación para la guerra. Lo que tenemos que evitar es un daño que puede ser muy lamentable, y quiero sumarme al llamado de mis colegas a que dejen las tomas. Es posible que los alcaldes puedan buscar otros locales con el Servel. (...) No quisiera ver un baño de sangre si se vive un enfrentamiento, si la fuerza militar cumple la ley y saca a los jóvenes de los establecimientos".
Aludir a un "baño de sangre" es un exceso verbal que daña la imagen del país y resulta ofensiva para las fuerzas militares, que ella conoció muy cercanamente como ministra del ramo. Semejantes palabras, en un contexto de voto voluntario, bien podrían surtir un efecto intimidatorio sobre los sectores menos informados e inhibirlos de concurrir a votar. Si esto lo hubiera dicho cualquier otro personero de menor gravitación que una ex Presidenta, sin duda se lo habría acusado de querer crear una "campaña del terror", para que la ciudadanía no concurra a votar a las primarias.
En ese grupo, el único categórico frente a la letra y el espíritu de la ley fue Andrés Velasco (independiente), quien afirmó que "nadie puede tener a la democracia chilena de rehén. Todos tenemos derecho a manifestarnos y no hay manera más sagrada de manifestarnos que votando. Por lo tanto, llamo a los estudiantes que han ocupado estos liceos a que depongan la toma. Si eso no ocurre, hay que aplicar la ley".
La autoridad política tiene esa responsabilidad por el orden público hoy, mañana y pasado mañana. En ese lapso habrá de adoptar todas las medidas necesarias para que, al llegar la medianoche del jueves, las FF.AA. y de Orden puedan asumir las tareas que nuestro derecho les encomienda, en control tranquilo de los locales de votación, y desde ese instante el Gobierno deja de estar a cargo de los procedimientos conducentes a la manifestación electoral de la ciudadanía: carece de facultades relativas al orden electoral. Pero, en este momento, en la primera línea de responsabilidad están los alcaldes, de quienes dependen los establecimientos que servirán como locales de votación. Ellos tienen atribuciones para restablecer la normalidad, y si no las ejercen, deben responder por su omisión. La fuerza pública está disponible. Si ellos no actúan, el Ejecutivo deberá suplir su falla. No es posible permitir que grupos exaltados o violentistas destruyan el patrimonio cívico del país.
En ninguna democracia sólida y respetable, las votaciones se realizan solo allí donde la fuerza de terceros permite hacerlo, y no donde la ley lo dispone. ¿Qué país con democracia madura admitiría algo semejante?