Los falsos exonerados fueron los grandes ausentes en el debate televisivo de los precandidatos opositores. Su caso no constituye una simple estafa o un "negociado" como tantos otros de nuestra historia . Si así fuera, los parlamentarios que avalaron esas solicitudes carentes de fundamento y las autoridades que aprobaron esos beneficios serían gente completamente corrupta y no parece que sea así.

¿Cómo entender que personas más o menos serias se presten para una operación que significa una pérdida de millones de dólares para el país, donde miles de falsos exonerados habrían lucrado con los derechos humanos?

¿Cómo explicar la manga ancha con que algunos parlamentarios certificaron hechos ocurridos cuando ellos eran adolescentes, o la celeridad con que procedió en muchos casos la Comisión Calificadora de Exonerados?

¿Podemos comprender que el propio Consejo de Defensa del Estado, un organismo que en otros casos es un verdadero perro de presa legal, parezca haberse tomado las cosas con tanta indolencia?

Me temo que la explicación no es solo política ni jurídica, sino que tiene que ver con nuestras propias psicologías; más concretamente, con la forma en que miramos casos como los exonerados y, en general, con la manera en que una parte de nuestra izquierda se entiende a sí misma.

En efecto, una cosa es ser víctima de toda suerte de maltratos, y otra muy distinta es adquirir "mentalidad de víctima", donde esta condición pasa a constituir la identidad de quienes han sufrido abusos. Este síndrome afecta también a los observadores, y determina radicalmente el modo en que los demás vemos a los posibles afectados. Así, quien debe decidir esos casos lo hace a partir de ciertos condicionamientos psicológicos que lo llevan a pensar que cada uno de los solicitantes es un Víctor Jara en potencia.

Nadie niega la necesidad de reparar a las víctimas de abusos, incluida la pérdida injustificada de su fuente laboral. Sin embargo, ante casos como estos resulta muy difícil proceder con la frialdad del que estudia un registro de propiedad intelectual o una hipoteca. De esta manera, cualquier manipulador puede aprovecharse de esa peculiar mirada benevolente con que observamos a una víctima, y conseguir beneficios de manera ilícita.

Como los casos de derechos humanos nos conmueven, tendemos a perder la capacidad crítica cuando parece que nos hallamos ante uno de ellos. Este autoengaño quiebra las más elementales exigencias de la justicia, cuestión grave cuando se está disponiendo de recursos de todos los chilenos, materia en la que, por desgracia, algunos están dispuestos a ser particularmente generosos.

Con todo, una cosa es intentar hallar una explicación psicológica para estas negligencias o delitos que tanto daño causan al país, y otra muy distinta es que los justifiquemos. Lo primero que cabe pedir a los parlamentarios, las autoridades políticas o los abogados del Consejo de Defensa del Estado es que tengan la claridad mental suficiente para detectar los casos en que pueden ser objeto de engaño o manipulación.

Más inaceptable aún es el afán de echar tierra al asunto o minimizar su importancia. Sería tanto como banalizar el dolor y la injusticia, hacer clientelismo político con el dolor.

Como la determinación y prueba de estos casos es difícil, podremos comprender que haya errores, siempre que veamos diligencia. Los periodistas que investigaron este escándalo afirman que muchísimos casos fueron calificados en reuniones " express ", donde se dedicaba, en promedio, 20 segundos a cada expediente de posible exonerado. Si esto es verdad, constituye una actitud gravemente irresponsable.

No puede extrañarnos, por tanto, que hayan sido los verdaderos exonerados los que con más fuerza manifestaron su repudio ante estos abusos. Cuando se ha sufrido en carne propia un maltrato, resulta indignante que otra persona reciba la reparación que corresponde: es una burla al propio sufrimiento.

Sin embargo, aquí surge otra pregunta: ¿por qué el gobierno anterior hizo caso omiso de los reclamos de la agrupación de los verdaderos exonerados políticos? Nuevamente nos encontramos con el síndrome de víctimas, que lleva a tratar estos casos con una suerte de solidaridad de clase, que permite que se cierren los ojos ante la ilegalidad.

¿Será esa la respuesta? Quizá lo aclare la ex Presidenta en el próximo debate. Siempre que alguien se anime a hacerle la pregunta.