Cinthya Carvajal y Leslie Ayala Una nueva denuncia presentó el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, ante la Fiscalía Centro Norte por el caso Falsos Exonerados con el fin de que se investiguen los delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos culposos (por negligencia) y prevaricación administrativa por las resoluciones dictadas.
La denuncia está centrada en dos funcionarias públicas que debían revisar el otorgamiento de los beneficios, la ex jefa del Programa de Exonerados Políticos, Marta Joignant, y la ex directora del Instituto de Previsión Social (IPS), Labibe Yumha.
Con dos archivadores con todos los antecedentes recopilados hasta ahora llegaron a la fiscalía los abogados designados por el Gobierno para ver el caso, Luis Hermosilla y Juan Domingo Acosta, en representación de la Subsecretaría del Interior.
En la denuncia se describe que con la Ley 19.234 -que establece el derecho de los ex funcionarios de solicitar la calificación de "exonerado político"- se aplica el pago con subrogación. Es decir, cuando el empleador no podía pagar las imposiciones se la pagaba el IPS, lo que después debía ser cobrado.
Cuando en 2008 llegaron muchas solicitudes de ex funcionarios del Partido Socialista, el entonces director del Instituto de Normalización Previsional (INP) -hoy IPS-, Rafael del Campo, trató de cobrarles las imposiciones no pagadas al partido. Sin embargo, a través de una circular de 2008, Joignant -que ya había sido denunciada anteriormente- le ordenó al director del INP no cobrarle ese dinero al PS, porque se estaría vulnerando "el espíritu del pago de imposiciones, de darles beneficios a los exonerados".
En esa época Joignant no solo era jefa del Programa de Exonerados Políticos, sino que también era miembro del Tribunal Supremo del PS.
Meses después sacaron de su cargo a Del Campo, y en junio de 2009 llegó al IPS Yumha, la que cuatro meses después de asumir dictó dos resoluciones: la 202 y la 203.
La 202 dice que solamente cuatro funcionarios del IPS podían hacer las calificaciones de los exonerados que recibirían pensiones y que esta decisión dependería directamente de Yumha.
Mientras que la otra resolución, la 203, facilitó los trámites para acceder a la categoría de exonerado, ya que solo se debían presentar tres declaraciones juradas ante notario de personas que aseguren que el solicitante trabajaba en una de las empresas estatales que fueron intervenidas.
La investigación seguirá en manos de la persecutora Ximena Chong, que pertenece a la Fiscalía Centro Norte.
Así lo ratificó ayer el fiscal nacional, Sabas Chahuán, ante los cuestionamientos al fiscal regional, Andrés Montes, quien es hijo del diputado Carlos Montes (PS), quien recibe pensión de exonerado y según los querellantes también certificó calidad de otros beneficiados.
Según Chahuán, el fiscal Montes le hizo saber al inicio esta causa que podría tener una eventual inhabilidad, "y yo le señalé por escrito y formalmente que no obstante que entendía su posición y que él no iba a tener ninguna injerencia en esta investigación, porque él me lo pidió, no concurría ninguna causal legal de inhabilitación". Además destacó su "probidad y toda la altura profesional moral".
Montes, en tanto, garantizó que "en la medida en que recibamos una denuncia que implique una inhabilitación, no le quepa duda de que vamos a ejercer dicha atribución".
Ayer, por cerca de dos horas se extendió una reunión almuerzo entre el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y la bancada de diputados socialistas para analizar el tema de los falsos exonerados.