La Biblioteca del Congreso Nacional suele entregar a los miembros de la corporación información impresa sobre los temas en discusión. Un propósito tan loable ofrece, sin embargo, serios inconvenientes, por la complejidad de muchos asuntos que solo pueden ser dilucidados por especialistas.

Recientemente se ha entregado un informe sobre "Tratados y Acuerdos" con los araucanos, en que se emplean términos ambiguos de manera confusa: Estado, soberanía, tratado, territorio.

Los llamados parlamentos son señalados como tratados, en circunstancias que el término era empleado en sentido lato, como acuerdo entre partes. No podían ser considerados como tratados, porque estos se entendían como acuerdos formales y solemnes entre Estados soberanos. Si bien el Estado español y luego el chileno cumplían con esas condiciones, no ocurría lo mismo con los araucanos, que eran tribus segregadas sin gobierno común y que no tenían más que una misma cultura. Además, las reuniones se efectuaban con solo una parte de esas comunidades.

Se comete un grave error al pensar que los parlamentos eran impuestos por los indígenas después de ofensivas victorias. La verdad es al revés, porque la convocatoria y los acuerdos eran establecidos por los dominadores, según la documentación existente, y eran aceptados por los nativos después que las armas hispánicas o chilenas los tenían en situación aflictiva o amenazaban con mayores depredaciones. Agreguemos que a las reuniones asistían los "indios amigos" o reducciones que apoyaban a los cristianos.

España impuso los parlamentos por razones de orden mayor: sus gastos en la guerra de Arauco eran excesivos en momentos en que disminuía la producción de plata en Potosí y había que sostener luchas muy onerosas en diversos escenarios del mundo. Por otra parte, y no la menor, la difusión del cristianismo debía hacerse de manera pacífica, porque el uso de las armas daba peores resultados.

En el informe que nos ocupa hay errores concretos. Se menciona el parlamento de Tapihue (1825) como un reconocimiento de la libertad de los araucanos; pero la verdad es exactamente la contraria: se expuso que el territorio chileno llegaba hasta los confines de Chiloé y que todos los habitantes serían tratados como ciudadanos chilenos y estaban sujetos a las leyes que dictase el Congreso.

En otros artículos se estipula que los jefes indígenas serían "caciques gobernadores", quedando de alguna manera dentro del Estado chileno. Junto a ellos permanecerían los "capitanes de amigos", miembros del Ejército encargados de vigilarlos y guiarlos. Mediando ese contexto se entiende que al iniciarse la reunión, los indígenas corriendo a caballo gritasen: "¡Viva la Paz! ¡Viva la Patria! ¡Viva la Unión!

Para rematar los errores, el informe de la Biblioteca del Congreso menciona en forma destacada un parlamento de Tantauco (1826) que jamás existió. Se trató de la rendición de los realistas de Chiloé, y tuvo por finalidad poner término a la lucha de la emancipación. El mismo informe indica que no asistieron indígenas, y se extiende en una incomprensible consideración sobre las tierras de los nativos de la isla.

El error capital de la Biblioteca del Congreso ha sido dar crédito a autores ideologizados carentes de seriedad. Es de esperar que los parlamentarios sean más cautos y responsables.

Sergio Villalobos R.