A tres semanas de las primarias, su desenlace para la Concertación no parece despertar duda alguna: se estima que lo más probable es que Michelle Bachelet se imponga por amplio margen. Tratándose de una líder que suscita la simpatía de muchos y cuya gestión presidencial pasada se anotó importantes logros, podría suponerse que su retorno al poder sería visto con tranquilidad. Pero la exigua información entregada sobre sus planes de gobierno y la incorporación del Partido Comunista a su campaña están creando incertidumbre. El panorama puede ir aclarándose en las próximas semanas, pero entretanto cunde la sospecha de que un gobierno de la "nueva mayoría" podría resultar muy distinto de los que conocimos bajo la Concertación. El PC puede ser objeto de muchas críticas, pero tiene la virtud de no disimular sus objetivos estratégicos y de ser capaz de perseguirlos con admirable perseverancia. Es improbable que su participación en la elaboración del programa de gobierno de la candidata opositora lo lleve a abogar por medidas extremas, que alienarían el apoyo del centro. Pero -como lo ha expresado repetidas veces- su proyecto es demoler piedra a piedra el edificio económico y social que nos ha regido por más de 30 años. Fiel a su estrategia, cabe prever que formule propuestas de apariencia pragmática, pero que en definitiva busquen abrir camino a un modelo de desarrollo muy distinto del que la Concertación contribuyó a afianzar y perfeccionar en sus cuatro gobiernos.
Sus personeros han sido explícitos. El objeto del PC -aprobado, por ejemplo, en su XXI Congreso Nacional, de 2001- es hacer "volver al patrimonio nacional las grandes empresas que explotan recursos naturales, las industrias básicas de exportación, las fuentes de energía, telecomunicaciones, transporte aéreo y marítimo y el sector financiero". Esto es, revivir la tristemente recordada "Área de propiedad social" de la Unidad Popular. No se trata, desde luego, de que pretenda lograr ese propósito durante el próximo período presidencial, pero avanza en esa dirección la propuesta de incrementar ahora en cerca de 9 mil millones de dólares la carga tributaria que soportan las empresas privadas, pues ello desbarataría su capacidad de invertir y generar empleos, abonando el terreno para su futuro traspaso a manos estatales.
No estamos contra la educación privada -dicen-, pero al promover educación pública gratuita y excluir de subsidios a los establecimientos particulares, obviamente avanzan hacia la extinción o minimización de estos últimos. El Partido Comunista declara no entender el rol de la educación particular subvencionada y en forma expresa procura revertir forzadamente la preferencia de que hoy goza ella de parte de padres y estudiantes.
Concuerdan con la idea de crear una AFP estatal -que Bachelet ha apoyado- no porque ello mejore la operación del actual régimen de seguridad social, sino que porque lo ven como un primer paso para su reemplazo. Una AFP estatal, provista de amplio subsidio y capaz de rebajar las comisiones al mínimo, puede arruinar a sus competidores y cerrar la entrada a nuevos actores. Una vez concentrados los fondos previsionales en manos estatales, la tentación de repartirlos puede resultar irrefrenable. Entonces, la instauración de un régimen de reparto sería inevitable.
El planteamiento comunista en materia laboral es directamente retrógrado. Pretende sindicalización automática, huelga sin reemplazos y negociación colectiva por rama. No se conoce hasta ahora la reacción de la Concertación a una propuesta tan antagónica con lo que fue su gestión de gobierno. Dada la importancia que reviste la legislación laboral para una economía abierta, que busca ser competitiva y todavía con una fuerte tarea pendiente en cuanto a la creación de oportunidades de empleo, ese silencio no hace sino alimentar la incertidumbre.