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Editorial
Jueves 06 de junio de 2013
Exonerados: las responsabilidades políticas
Es claro que la primera responsabilidad, incluso de carácter penal, corresponderá a quienes, sin ser exonerados políticos, lograron hacerse pasar por tales, obteniendo recursos públicos que legalmente no les correspondían...
Como uno de los "mayores fraudes en contra del Estado" calificó el subsecretario del Interior los casi 180 millones de dólares que, según estimaciones de La Moneda, se habrían pagado como beneficios previsionales a falsos exonerados políticos. Aún no hay certeza sobre el número exacto de certificaciones posiblemente anómalas, pero el Gobierno estima que serían entre el 30 y el 50% del total de las emitidas desde que la ley fue aprobada, en agosto de 1993. Por su parte, la ministra del Trabajo declaró que "el programa de exonerados fue hecho para defraudar y diseñado para dar beneficios a gente que no lo merecía".
Según las cifras de la Oficina de Exonerados Políticos, desde el gobierno del Presidente Frei Ruiz-Tagle hasta ahora ellos se han entregado a casi 156 mil presuntos exonerados políticos, un tercio de los cuales no aparece en el registro con una fecha de certificación o resolución de ingreso. De los otros dos tercios, poco más de la mitad se autorizó durante el gobierno de la Presidenta Bachelet y casi un tercio durante el de Frei. Con el Presidente Lagos, la cifra solo se empinó a casi 14 mil personas, y con el Presidente Piñera, a cerca de 4 mil.
Sería natural que en el período que siguió a la aprobación de la ley se produjese el mayor número de certificaciones, que debería haber disminuido paulatinamente con el tiempo. En efecto, de un gobierno a otro se otorgaron menos autorizaciones que en el anterior, hasta la administración Bachelet, que en cuatro años cuadruplicó las concedidas en el gobierno de Lagos. A eso se suma que en los tres gobiernos concertacionistas las autorizaciones crecen notoriamente en su último año de administración, esto es, durante el período de campaña presidencial. Y los datos reunidos por la Contraloría apuntan principalmente a cuatro colectividades opositoras (PS, PC, PR y DC) como responsables de la entrega irregular de certificados.
El presidente del PS, Osvaldo Andrade, en defensa de la ex Presidenta Bachelet, sostuvo que las responsabilidades políticas serían "individuales" y "las tendrán que asumir aquellos que dieron la certificación". Hasta el momento, la Contraloría ha revisado apenas 9.145 casos, de los que un tercio sería fraudulento, por lo que resultaría aventurado sacar conclusiones definitivas. Con todo, la información ya disponible plantea una situación grave, que exige exhaustiva clarificación.
Es claro que la primera responsabilidad, incluso de carácter penal, corresponderá a quienes, sin ser exonerados políticos, lograron hacerse pasar por tales, obteniendo recursos públicos que legalmente no les correspondían. Pero también hay responsabilidad -como el propio diputado Andrade lo reconoce- de aquellos parlamentarios o autoridades políticas que firmaron los certificados, a cuyo respecto el haber actuado de "buena fe" deberá ser un antecedente a revisar, en especial en lo que toca a quienes masivamente dieron su aval a personas cuyos antecedentes no recabaron. Y, por extensión, una lógica similar podría aplicarse a algunas autoridades políticas bajo cuyo mandato se dio un infundado exceso de certificaciones.
En cualquier país, un asunto como este -por la importancia cívica de un presunto fraude público extendido hasta proporciones inaceptables- se politizaría inevitablemente, y quizá tendría repercusiones electorales. Pretender ignorarlo no sería realista y agravaría el daño al prestigio del sistema democrático, particularmente en momentos en que la ciudadanía exige transparencia y coherencia, y actúan grupos explícitamente antisistémicos. De allí que sea indispensable esclarecerlo de modo exhaustivo -es del todo acertado que la Corte Suprema designara un ministro en visita para este efecto- y, por cierto, corregirlo, para que no se perpetúe ni repita. Es, pues, atendible la propuesta de un grupo de diputados aliancistas en cuanto a restablecer mediante ley el imperio del derecho, entregar a la autoridad administrativa la facultad de revocar, cuando proceda, la calificación de exonerado político, y con ello cesar el pago de beneficios ilegítimos.