Hace 32 años, Chile adoptó un nuevo sistema previsional que sustituyó al antiguo esquema de reparto. En el nuevo método de capitalización individual, cada trabajador pasó a ahorrar en una cuenta personal, en alguna de las Administradoras de Fondos Previsionales (AFP) entre las que el trabajador podía elegir, los fondos que darían lugar a su posterior jubilación. Eso significó disminuir significativamente el porcentaje de ahorro forzado que debía contribuir para constituir el capital con que enfrentaría su retiro, mejorando así su salario líquido, y además le dio un impulso inédito al mercado de capitales chileno, pues dichos ahorros comenzaron a ser invertidos en diversas actividades económicas rentables en el país y, posteriormente, también en el exterior. La rentabilidad que obtendrían dichos fondos en régimen permanente, en un escenario de ahorro continuo a lo largo de toda la vida laboral del trabajador, le permitiría obtener una jubilación que podría estar en el entorno del 70% de su último salario.

Durante el gobierno de la Presidenta Bachelet se introdujo una reforma al sistema, básicamente para reforzar su pilar solidario, asegurando un mínimo de jubilación a las personas cuyos bajos salarios y lagunas previsionales, e incluso ausencia de imposiciones, no les permitían acumular fondos suficientes para una jubilación digna. Dicha reforma puso un piso a las jubilaciones más bajas, e instauró un calendario de reajuste de ese mínimo.

Sin embargo, con el paso del tiempo, los parámetros con que se ideó originalmente el sistema -porcentaje de ahorro de 10% del salario, y edad de jubilación de 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres-, que se basaban en la realidad de esa época, han ido quedando obsoletos. Como resultado del notable desarrollo del país en los últimos 30 años, la esperanza de vida de las personas ha aumentado en más de 6 años, lo que hace insuficiente el ahorro anteriormente definido para sustentar esos años adicionales de vida y, además, en muchos casos los salarios del trabajador han ido creciendo más rápido que lo pronosticado a lo largo de su vida laboral, lo cual dificulta lograr la tasa de sustitución esperada (último salario comparado con la primera jubilación). Adicionalmente, los períodos sin ahorro previsional por cesantía, enfermedades u otras razones han sido también más frecuentes que lo estimado originalmente, todo lo cual hace necesario ajustar los parámetros del sistema.

Hay quienes, equivocadamente, han querido ver en estos problemas un fracaso del sistema de capitalización individual, olvidando los problemas que el esquema de reparto tuvo en Chile en el pasado y tiene actualmente en muchos países desarrollados, porque en ellos quienes contribuyen de manera activa no alcanzan a ahorrar, por razones demográficas, el monto definido como beneficio -habitualmente sometido a presiones políticas- para quienes están jubilados, llevando así a la quiebra del sistema.

De allí que el Presidente Piñera haya anunciado un proyecto de ley que reforma estos parámetros y busca una combinación de mayor porcentaje de ahorro y mayor edad de jubilación, que financie jubilaciones acordes con la nueva esperanza de vida de las personas y con los salarios más altos que ahora reciben en comparación con los del pasado. La propuesta específica se conocerá en el segundo semestre, y sus ejes serían tres: introducir más competencia entre las AFP (para bajar los costos de administración que recaen en el cotizante), aumentar las cotizaciones, disminuir la evasión previsional y subir la acumulación de fondos. No se postularía aumentar la edad de jubilación, pero sí se incentivaría su voluntaria postergación. Aunque anuncios como este no resulten populares, es una reforma necesaria, realista y sensata, que evitará a Chile deslizarse por el barranco de jubilaciones no financiadas que varios países europeos han exhibido dramáticamente en los últimos años. Cabe preguntarse por el efecto que alcance a surtir una iniciativa tan trascendental en el tiempo que resta al actual gobierno, pero es positivo que se avance en crear conciencia sobre su necesidad, que habrá de abordar cualquier gobierno, y a cuyo respecto las regresiones a un pasado fracasado serían desastrosas para los pensionados y para el país.