El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, procedió hace poco a una reestructuración de su gabinete que -según la mayor parte de los analistas de ese país- está orientada a su reelección en las elecciones que se llevarán a cabo en 2014. En ellas enfrentaría como principal contendor al candidato ungido por el ex Mandatario Álvaro Uribe, quien ha roto relaciones con su ex colaborador. La reelección está permitida en Colombia desde una reforma constitucional en 2004, durante la Presidencia del propio Uribe.
Parecido curso ha seguido desde la década de 1990 la mayoría de los países latinoamericanos, con las excepciones principales de Chile, Perú, México y Uruguay. Pero si bien la reelección es legítima en el ordenamiento institucional de numerosos países -existe en democracias consolidadas como EE.UU. y ciertas naciones europeas-, su balance en Latinoamérica no ha sido positivo.
A ese fenómeno se ha sumado una nueva tendencia, la "reelección conyugal", por la que, como sucedió en Argentina con Cristina Fernández, la Primera Dama pasa a ser Presidenta, reteniendo así el poder un matrimonio, en una suerte de "eufemismo político".
Originalmente, las frágiles democracias emergentes tras dictaduras que buscaban perpetuarse asignaron gran valor a la alternancia. Sin embargo, eso fue cambiando. Así, en Latinoamérica una mala fórmula ha combinado un presidencialismo a menudo excesivo con la posibilidad de reelección (indefinida en algunos como Venezuela y Nicaragua). Eso ha ido erosionando la legitimidad de esos regímenes. Colombia ha estado hasta ahora al margen de ese proceso. El entonces Presidente Uribe contempló, al parecer, una segunda reelección, pero, con buen juicio, desistió. Persistir habría lesionado su exitosa imagen, y la reelección parecería una regresión en ese país, que tan admirablemente logró salir del marasmo en que se hallaba.
Para la Alianza del Pacífico -que integran Chile, Colombia, Perú y México- no sería positivo que sus miembros se deslizaran en estas fórmulas reelectorales. Ciertamente brinda mejores garantías de renovación estable y limpia el modelo adoptado por Chile, que excluye la reelección inmediata, o México, que prohíbe "en ningún caso y por ningún motivo" volver a desempeñar el cargo presidencial.
El alto poder electoral de los gobiernos hace que muchas de las competencias electorales no se den en igualdad de condiciones -como se vio recientemente en Venezuela-, lo que favorece la perpetuación en el poder de sus autoridades. Eso dificulta la alternancia, que es y debe seguir siendo una de las grandes bondades de los sistemas democráticos. En Chile, sin duda cabe reafirmar la conveniencia cívica de la no reelección sucesiva. Esta modalidad ha permitido cambios no traumáticos de una coalición a otra, y comicios competitivos y confiables.