La calidad técnica de la discusión en diversos ámbitos de política pública, tales como la salud o la economía, ha desterrado de nuestro debate nacional por ya largos años gran cantidad de propuestas que hoy se sabe que no sólo no funcionan, sino que hacen daño. Lamentablemente, la relativamente reciente instalación de la delincuencia como área de políticas públicas implica que en este ámbito, esto no es así. Y lo anterior es especialmente grave porque el cúmulo de evidencia que existe hoy demuestra que la realidad muchas veces funciona de manera muy distinta a lo que se supone, e incluso de forma contra-intuitiva: más iluminación genera mayores reducciones del delito de día que de noche; el patrullaje policial aleatorio y acortar los tiempos de respuesta no reducen el delito; el endurecimiento de penas no es una respuesta costo-efectiva, pues se ha comprobado que los costos de aumentar la duración de las penas es ampliamente superior a su beneficio en términos disuasivos; los perfiles de mayor riesgo socio-delictivo, y no los de más bajo, son los que mejor responden a programas de reinserción; y, por sobre todo, la delincuencia no es una amenaza latente que se expresa de forma homogénea y aleatoria en tiempo y espacio, ni equivale a una emergencia. Al contrario, los distintos problemas delictivos presentan fuertes concentraciones y claros patrones según horario, lugar, víctima, y victimario, por lo que se pueden prevenir o evitar. Esto implica que son propuestas acertadas y costo-efectivas, por ejemplo, las correctas y tempranamente focalizadas en perfiles de alto riesgo, las que usan el análisis criminal para realmente comprender los problemas delictivos y diseñar estrategias preventivas y pertinentes, y las que movilicen a los órganos del Estado, todos monopolios públicos, a hacer suyos estos conocimientos y permeen con él su gestión.
Por lo tanto, y en el contexto de un año electoral, proponemos a candidatos y a la ciudadanía, en general, a no plantear ni demandar, respectivamente, propuestas calificables como populistas, entre ellas, los aumentos de dotación o presupuesto de diversas instituciones sin planteamientos precisos sobre cómo estos nuevos recursos permitirán reducir el delito (recursos sin demostración de efectividad); la construcción de más cárceles sin considerar, con rigor, la calidad y cobertura de la oferta de rehabilitación; y el simple y habitual recurso a tener a más personas presas y por más tiempo, sin sopesar el alto costo relativo y que, más temprano que tarde, como sociedad deberemos reintegrar a la gran mayoría de ellas. Acercarnos a los umbrales del desarrollo no implica solamente contar con tal o cual ingreso per cápita, sino que también implica, y exige, transitar hacia mejores políticas públicas, en todas las áreas.
José Miguel Benavente
Escuela de Negocios Universidad Adolfo Ibáñez
Javiera Blanco
Fundación Paz Ciudadana
Mauricio Duce
Facultad de Derecho Universidad Diego Portales
Hugo Frühling
Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana Universidad de Chile
José Francisco García
Libertad y Desarrollo
Eugenio Guzmán
Facultad de Gobierno Universidad del Desarrollo
Francisco Maldonado
Centro de Estudios de Derecho Penal Universidad de Talca
Raúl Manasevich
Centro de Análisis y Modelamiento en Seguridad Universidad de Chile
Catalina Mertz
Fundación Paz Ciudadana
Mauricio Olavarría
Facultad de Humanidades Universidad de Santiago
Isabel Retamal
Escuela de Gobierno Universidad Adolfo Ibáñez
Franz Vanderschueren
Centro de Seguridad Ciudadana Universidad Alberto Hurtado