La descentralización ha sido históricamente un problema no del todo resuelto por Chile. Bajo la monarquía, en el territorio común del imperio, el énfasis estaba puesto más bien en la delimitación de los territorios de las audiencias -los órganos judiciales-. Bajo la república, en 1826 diversas leyes aspiraron a estructurar una Constitución federal, imitando el modelo de Estados Unidos, pero su defectuosa concepción llevó ese ensayo al fracaso. Algunos historiadores lo atribuyen a que ellas, ignorando la realidad de tres focos efectivos -La Serena, Santiago y Concepción-, quisieron multiplicar más o menos artificialmente las provincias, con el resultado paradójico de desunir lo que en los hechos estaba unido. Las cartas fundamentales posteriores han sido unitarias, pero una paulatina maduración de idiosincrasias diversas -y su no fácil administración desde la capital- fue ya advertida por la Constitución de 1925 (un siglo después de las leyes federales aludidas), que postuló descentralizar el Estado y logró ciertos avances por la vía de establecer intendentes y gobernadores designados por el Presidente de la República, aunque sin ir a un régimen federal ni regionalizar políticamente. Entre 1938 y 1966 hubo ocho proyectos de reforma constitucional que directamente se refirieron a la descentralización administrativa y a la regionalización política, ninguno de los cuales fue aprobado. En la Constitución de 1980 se dio un paso más, haciendo explícita la idea de administración funcional y territorialmente descentralizada, siempre dentro de un Estado unitario.
Con todo, Chile continúa siendo un país eminentemente centralista no solo política y administrativamente, sino también demográfica, económica y culturalmente, lo que es hoy limitante para su desarrollo. Así lo viene planteando hace años el Consejo para la Regionalización y Descentralización de Chile (Conarede), que ha mantenido este tema en recurrente debate público y que, junto a otras instituciones, presentará en junio próximo un conjunto de 40 propuestas sobre un "Modelo de Estado Regional". Sus ideas, que son el resultado de cinco años de investigación y trabajo conjunto, plantean la creación de un Estado que no sea ni centralizado ni federal, sino unitario en lo esencial y descentralizado en todo cuanto contribuya a un desarrollo social y territorial más equilibrado e integrado. Esta construcción gradual y progresiva, que se plantea consolidar hacia el año 2030, se haría mediante un nuevo trato entre el Estado y los territorios, utilizando instrumentos zonalmente diferenciados desde las comunas y regiones.
Iniciativas como esta son bienvenidas, pues ayudan a plasmar en términos más precisos la actual abstracta coincidencia política y ciudadana en torno a la necesidad de descentralizar, bien reflejada por el Presidente Piñera en su discurso del 21 de mayo de 2010, cuando advirtió que "el centralismo de Santiago no solo les quita el oxígeno a las regiones, sino también asfixia a nuestra capital". En esa línea cabe insertar la iniciativa recientemente aprobada de hacer elegibles por sufragio directo los cargos de consejeros regionales (lo que ocurriría en las elecciones de noviembre próximo), paso que bien puede producir cambios significativos en el escenario político nacional.
Pero este proceso ha de ser impulsado con cautela por todos los sectores, pues siempre existe el riesgo de ir más allá de lo que la prudencia y la experiencia aconsejarían. Es efectivo que las regiones tienen hoy un desarrollo, una "personalidad" y un "empoderamiento" propios, que tascan irritadamente el freno de la burocracia centralista, y en el siglo XXI ya no pueden ser administradas por el poder central como lo eran en el XIX o el XX. Pero, por otra parte, sería inadecuado derivar en regiones excesivamente autónomas, que en lo político-administrativo prioricen su propia identidad o interés por sobre lo nacional, al mismo tiempo que exijan del gobierno central subsidios y apoyos de toda índole en lo económico. Habrá de ir evolucionando allí un paulatino equilibrio gradual, en el que las precipitaciones principistas serían nocivas y contraproducentes, como lo fueron en 1826.