La relación de las empresas con los consumidores se ha visto salpicada de escándalos. Estos han gatillado cambios regulatorios que, hasta su ocurrencia, parecían imposibles. El caso más reciente, el "consentimiento tácito" de los clientes de cambios de las condiciones por parte de un retail o un banco, recientemente eliminado. Pues bien, en los últimos días hemos sido testigos de episodios semejantes, pero que ahora afectan al mundo político. Es de esperar que estos desencadenen, igualmente, cambios sobre asuntos respecto de los cuales la clase dirigente chilena ha practicado, por años, la política del avestruz.
Lo último es la batahola de las primarias para las candidaturas parlamentarias. Se trata de una legislación recién aprobada y que contó con un respaldo casi unánime, y que se presentó como la solución de gran parte de los problemas de legitimidad que afectan al Congreso. A la hora de su estreno, sin embargo, solamente la ocupó un partido, Renovación Nacional, y solo para algunos distritos; todos los demás la desecharon. Esto desató cruentos conflictos, en especial en los partidos de la Concertación -que habían abogado fervorosamente por este mecanismo-, como el que terminó con uno de los caciques de la transición, Camilo Escalona, fuera del Congreso.
El otro bochorno es el provocado por una diputada acusada por un colaborador y por uno de sus colegas de haber recibido dinero de una empresa, presentándolo como un contrato de servicios. Diversos parlamentarios han reaccionado escandalizados exigiendo que se aclare la relación entre empresas y parlamentarios y, más en general, el asunto del financiamiento de las campañas políticas. Hace apenas 10 años, sin embargo, el Congreso aprobó transversalmente una legislación que, según se anunció con bombos y platillos, terminaría con la relación malsana entre dinero y política. Por lo visto, esta reforma, como la de las primarias, tampoco funcionó.
El tercer caso es la inscripción automática y el voto voluntario. Esta reforma se presentó algo así como el mejor invento después de la penicilina. Ella -se dijo- pondría fin a la declinación de la participación electoral, devolviendo a los jóvenes el interés en la política. No obstante, en el momento de su inauguración, en la elección municipal del pasado octubre, el resultado fue exactamente el opuesto: nunca la participación había sido menor.
¿Por qué las medidas adoptadas por el propio sistema político para corregir sus defectos han terminado, todas, en estruendosos fracasos? Se me ocurren dos explicaciones, que no son excluyentes. La primera tiene que ver con los expertos. Después del Transantiago se ha hecho común disparar contra los ingenieros que lo diseñaron y ejecutaron sin consultar a nadie, con un relato que se reveló falaz: que sería la solución a los problemas del transporte de Santiago. Bueno: ahora llegó el turno de colocar en el paredón a los cientistas políticos que, en coro, patrocinaron reformas que, al igual que aquel, no resistieron la prueba de la práctica.
La segunda explicación es que todas esas reformas pretendían mitigar los defectos de la institucionalidad política, pero sin atacar sus problemas de fondo y, más aún, para salvarla de tal ejercicio. Sus problemas de fondo son básicamente tres: binominal, quórums paralizantes y centralismo, lo cual otorga capacidad de veto a las minorías, un poder desmesurado a las oligarquías partidistas, y desincentiva la participación.
Los escándalos que hoy sacuden la política ojalá conduzcan a renunciar a los placebos, a sospechar -lo digo "en buena"- del ingenio de los expertos, y a plantearse, de una vez, reformas de fondo al sistema político.