Basta observar los resultados de una reciente encuesta del Instituto Pew para comprobar que las penurias económicas han golpeado con fuerza la disposición ciudadana a ceder más soberanía a Bruselas. El apoyo a la UE ha caído 15 puntos, de 60% en 2012, a 45% promedio en los ocho países del bloque considerados en el sondeo. En los países más afectados por la crisis, como Grecia, Italia, Francia y España, la desilusión por los resultados es más evidente, y se refleja en que menos personas creen que la integración económica las ayude a fortalecer la economía nacional. En Alemania las percepciones son distintas, y se manifiesta satisfacción tanto con el resultado de su economía como con el curso de la UE, pese a que se dice que los alemanes estarían hartos de pagar la cuenta de los países con mayores problemas. Curiosamente, el respaldo a la moneda única sigue fuerte: la gente pierde confianza en la integración como motor de desarrollo, pero favorece la existencia del euro como moneda común.
Francia y Alemania han sido el núcleo de la UE; gobiernos de distintos signos han trabajado juntos para fortalecer la integración, pero hoy la opinión pública de esos países muestra visiones divergentes sobre los beneficios de la unión. Con una economía debilitada, los franceses parecen hoy -según el Instituto Pew- menos proclives que los alemanes a mantener el ritmo de trabajo común.
Con todo, en la Europa continental el apoyo a la UE es más firme que en Gran Bretaña, donde los sentimientos a favor y en contra de la UE están divididos en partes iguales. Esto se ha reflejado en el debate surgido con fuerza en el último tiempo sobre la conveniencia de permanecer como miembro del bloque. Actualmente, el Premier David Cameron enfrenta una virtual rebelión de su partido para obligarlo a llamar a un referéndum sobre la permanencia en el conglomerado. Él se ha comprometido a hacerlo antes de 2017, si es reelegido en 2015. Los euroescépticos británicos aumentan día a día, e incluyen a un par de ministros conservadores del gabinete que ya anunciaron que votarían a favor del retiro.
Desde nuestra región siempre se ha mirado con entusiasmo el proceso -en muchos aspectos tan exitoso- de formación de la Unión Europea. En estos momentos de tensión, también es positivo ver los aspectos que fallan, para no repetir los errores. Chile ha sido un impulsor de la Alianza del Pacífico, un desarrollo completamente distinto al de la UE, pero que tiene en común el objetivo de la integración económica -en este caso, entre Perú, México, Colombia y Chile-, a la que se podrían unir otros países con sistemas económicos similares. A la luz de lo que acontece en Europa, parece conveniente no apresurar el proceso: la gradualidad en la búsqueda de los objetivos parecer ser la fórmula adecuada para el éxito, al ir consolidando de a poco los avances que se consigan a nivel económico y comercial, y siendo realistas, al compatibilizar los intereses en los proyectos políticos y sociales de más amplio alcance.
Arremetida deñ gobierno argentino contra la prensa
Difíciles momentos atraviesa el gobierno argentino, y probablemente por eso ataca con más fuerza a la oposición y la prensa. A seis meses de las elecciones legislativas y con la popularidad de la "señora K" a la baja, las denuncias de corrupción y lavado de dinero en su entorno inmediato son un mal presagio. Las pésimas cifras económicas también perjudican las opciones oficialistas en octubre. A esto se unen las duras críticas que recibe la reforma judicial -en trámite legislativo-, que atenta peligrosamente contra la independencia del Poder Judicial.
Lo que ocurra en Argentina debe preocupar a sus vecinos y socios comerciales. Una potencia regional que atraviesa una crisis económica y política de tal magnitud puede afectar el entorno internacional. La Casa Rosada parece no percibir o no interesarse en ese contexto.
Empeñado en consolidar su poder interno para radicalizar el modelo económico y desarticular a la oposición, el gobierno de Cristina de Kirchner ha arremetido contra la prensa opositora de una manera pocas veces vista en un sistema democrático. Amparada en la amplia mayoría de que goza aún en el Congreso, la Presidenta ha hecho de las iniciativas legislativas que le dan más atribuciones una forma favorita de gobernar. Pero la oposición y un sector de la judicatura le obstaculizan el camino, y en el caso de la Ley de Medios, ha impedido desmantelar aun el grupo Clarín, para lo cual -se dice- fue especialmente dictada la norma.
Cuando parecía disponerse a intervenir Clarín, el gobierno, amparado en una nueva ley del mercado de capitales, dio un giro. Quizá en eso haya influido el decreto firmado por el alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, en que se compromete a defender la libertad de prensa, expresión e información. Obviamente, ese texto no puede primar sobre la ley nacional; sin embargo, actuó como un freno ante la arremetida oficialista.
Aunque haya retrocedido formalmente, alarma a los defensores de la libertad de prensa que el gobierno no desista realmente de su intención de hacerse con la mayoría de las acciones de la empresa Papel Prensa, en cuya propiedad participa Clarín con 49%; La Nación, con 22,5%, y el Estado, con 27% (acciones que capturó cuando fueron expropiados los fondos de pensiones). Si lo logra, Cristina controlaría a su antojo la venta e importaciones del principal insumo de los diarios, con lo que podría asfixiarlos, tras haberles ya asestado un golpe feroz, al prohibir a los supermercados y empresas de electrodomésticos avisar en sus páginas.