Abordar las aristas relacionadas con la disponibilidad, la propiedad y, especialmente, los derechos de agua a nivel global y nacional es un tema de importancia, cuya solución ha sido soslayada por los gobiernos, frente a las resoluciones internacionales que han firmado, pero no cumplido, desde hace décadas. En la Cumbre de la Tierra Río+20 de 2012 se establece que "el límite de durabilidad de las aguas superficiales y subterráneas a escala planetaria ya ha sido alcanzado", y muchos ecosistemas han sido catalogados como "zonas muertas", según UNWater y la Unesco, en el año 2012. Igualmente, a partir de 1972 el estatuto del agua la ha definido como un "bien común", luego un "bien económico" y, finalmente, como un "derecho humano fundamental". En el camino recorrido han predominado la ideología neoliberal, el mercado y la ignorancia por los conflictos de interés que ello genera.
El agua chilena es 100% administrada por el mercado. El Código de Aguas de 1981 permitió privatizar la propiedad del agua, entregándola sin costo, y, lo que es más grave, separó el agua del dominio de la tierra con el fin de facilitar su libre compra y venta, constituyéndose desde entonces "el mercado del agua". El informe de Chile Sustentable de 2004 establece que Endesa (hoy ENEL, Italia) posee el 81% y otras cinco empresas el 14% del agua. Igualmente, la privatización de las sanitarias, concluida durante este gobierno, mantiene en poder del Estado solo el 5% de las acciones.
Desde 1992 se han presentado ocho proyectos de reforma a la Constitución para que el agua tenga la calidad de bien nacional de uso público (2008), y en 2012 la que agrega "la extinción de los derechos de los particulares sobre ella, así como la determinación de los caudales que aseguren su disponibilidad para el consumo humano", asumiendo que la provisión de agua a las comunidades humanas es responsabilidad del Estado.
En los últimos años las demandas por cambiar esta situación han adquirido mayor fuerza, generando movilizaciones ciudadanas y comisiones investigadoras. En octubre de 2012, finalmente, la Cámara de Diputados aprobó la creación de la Comisión sobre Agua, Sequía y Desertificación, con el propósito de defender el derecho humano al agua, el acceso y protección de los recursos hídricos y la necesidad de recuperar este patrimonio de todos los chilenos, relacionado con las crecientes dificultades y amenazas en el suministro de agua que enfrentan los pequeños agricultores y quienes viven en zonas aledañas a grandes empresas agroindustriales, compañías mineras, generadoras eléctricas y otras, en el norte y centro del país.
Consumir agua de camiones aljibe es un vivo ejemplo de estos problemas.
