Los empresarios -ya sean grandes, medianos o pequeños- tienen preferencias en un amplio espectro de las opciones políticas existentes, lo que es propio de la naturaleza ciudadana de cualquier persona y la lleva a optar por diversos caminos ante los desafíos del país.
Junto con lo anterior, es importante destacar que las organizaciones gremiales más representativas del país han optado desde hace varios años por una línea de prescindencia política partidista y de colaboración activa con los diferentes gobiernos de la República, en una doble perspectiva de exponer fundadamente argumentos que promuevan políticas públicas de interés general, y de representar los intereses generales de sus asociados.
La opción que tomó el país hace varias décadas por una economía social de mercado ha hecho que las políticas de interés general sean más gravitantes y que la representación de los intereses particulares haya perdido valor en la actividad de las organizaciones empresariales. Ello, fundamentalmente, por la vigencia de un sistema económico abierto y competitivo, regulado por principios generales objetivos y no discrecionales, los que desincentivan fuertemente planteamientos de carácter particular.
Los gremios, en una óptica de cooperación pública-privada, han participado activamente en procesos cuyos frutos hoy son notorios y constitutivos de nuestro desarrollo político económico. Así, su decidido apoyo al fortalecimiento de la institucionalidad, su participación en la apertura comercial de Chile, su respaldo a las políticas de responsabilidad fiscal, su contribución a los grandes acuerdos globales para períodos específicos, como la agenda Pro Crecimiento, y las medidas económico-sociales adoptadas para enfrentar la crisis financiera internacional del año 2009 constituyen vivos ejemplos de esta actuación.
Esto dio vigor y renovó profundamente el quehacer de los gremios empresariales que hoy siguen cumpliendo una importante tarea dentro de la sociedad, promoviendo el emprendimiento, la innovación y una competencia libre, leal y transparente, sin amparar jamás conductas reñidas con estos principios.
Las circunstancias que hoy vive el país en una situación que puede ser llamada por algunos como "la trampa de ingresos medios", por otros "la irrupción de las nuevas demandas sociales y empoderamiento de la ciudadanía", o "la crisis del modelo vigente", nos llevan como empresarios a reflexionar también sobre la importancia de la política y el cuidado de sus instituciones, para permitir la coexistencia social, el desarrollo económico y la estabilidad democrática.
La historia europea y americana en su vasta acepción nos demuestra que un requisito fundamental para el buen desarrollo de la actividad económica es que existan en las sociedades cauces políticos para procesar su diversidad y conflictos de intereses. Chile se rige por la Democracia y esta tiene sus fundamentos en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, en la existencia de instituciones que gozan de representatividad, en la distribución equilibrada e independiente de los poderes del Estado, en la renovación periódica de las autoridades y en el funcionamiento de partidos políticos sólidos.
Este es el pensamiento democrático que protege los derechos individuales del ciudadano y otorga legitimidad al Estado en las áreas de su competencia, sea como proveedor de bienes de su exclusividad -como lo es la seguridad integral- y también en su función regulatoria. Cuando decae nuestro compromiso democrático, generalmente ello va acompañado de un deterioro de las instituciones políticas, las sociedades entran en un vértigo destructivo y se da paso a experiencias populistas, totalitarias y de caudillismos, cuyas consecuencias no solo impactan el crecimiento económico, sino la calidad de la convivencia por más de una generación.
En este sentido, nos parece de suma urgencia que los empresarios en su calidad de ciudadanos y las organizaciones empresariales contribuyan a la reflexión sobre nuestra institucionalidad política y al sano debate que dé espacio a los consensos necesarios, cuestión que hoy es condición imprescindible para potenciar a nuestro país.
Para continuar con el vigoroso impulso al desarrollo económico y social, logrando vencer las dificultades y alcanzar los desafíos que este mismo nos presenta, es fundamental la valorización y el fortalecimiento de la actividad política. A ella deberíamos convocar a los mejores ciudadanos del país, provengan de donde provengan. El trabajo serio, responsable y en miras al bien común que la mayoría de nuestra clase política realiza es esencial para lograr los avances necesarios y consolidar así nuestras instituciones políticas y sociales.
Andrés Santa Cruz
Presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC)