La independencia judicial es fundamental en el Estado democrático moderno. No obstante, puede ser más fácil exigirla que lograrla. Por ello, es importante detectar situaciones que la pueden dificultar.
La visión de un juez que requiere una mera aplicación mecánica de normas generales a casos particulares, y ante el cual se enfrentan dos personas comunes y corrientes, ha dejado su lugar a la resolución de conflictos de alta complejidad.
Múltiples son los casos que exigen la adopción de una decisión que pone en jaque intereses de otros poderes del Estado, como cuando se discute si los correos electrónicos del ministro secretario general de la Presidencia se encuentran o no tutelados bajo el derecho a la privacidad de las comunicaciones, o cuando se desea conocer el contrato para la adquisición de un puente mecano instalado en el río Biobío, y que en definitiva detona la salida de un ex ministro de Defensa.
Compleja puede resultar la actuación independiente en aquellos casos en que la recta aplicación del Derecho demanda de nuestros tribunales la adopción de decisiones contrarias al clamor popular de justicia. Pensemos en las decisiones adoptadas por jueces de garantía con motivo de solicitudes de prisión preventiva. Tal ha sido la presión que han debido soportar que, hace poco tiempo, el entonces ministro de Justicia expresara que el Gobierno evaluaba condicionar el ascenso de los jueces de garantía al contenido de sus fallos.
Está bastante asentado entender la función jurisdiccional como una tercera emanación de los poderes de un Estado, junto con la Legislativa y Ejecutiva. Semejante comprensión es falaz. Cada juez o tribunal, al actuar dentro de su competencia resolviendo un caso particular y determinando los derechos y obligaciones de cada parte, es el poder jurisdiccional en su integridad.
No obstante, tiene arraigo en Chile una concepción jerárquica de la estructura organizativa del denominado "Poder Judicial". Esta concepción jerárquica se presenta como especialmente problemática. ¿Qué tipo de imparcialidad podemos esperar de aquel juez o tribunal que, en el ejercicio de sus funciones, no desea desagradar a sus superiores?
Especialmente si, como consecuencia de su conducta ministerial, el juez arriesga la aplicación de sanciones que pueden afectar sus posibilidades de escalar en esta estructura jerárquica, e incluso poner fin a su carrera judicial por una correcta interpretación del Derecho aplicable al caso.
Finalmente, es inconcuso que el ejercicio de la labor jurisdiccional presupone la adopción de decisiones que pueden no agradar a ciertos sectores políticos. Así ocurre, por ejemplo, cuando un juez debe resolver conflictos que presuponen la aplicación o no del decreto ley de amnistía, la acción de nulidad de derecho público dirigida contra el permiso sanitario concedido respecto del Postinol-2 (popularmente denominado "píldora del día después), etcétera. Casos que ponen de relieve ciertas convicciones, creencias y aspiraciones de justicia defendidas por los jueces; en definitiva, refleja un determinado modo de pensar y aproximarse al mundo por parte de estos.
El fenómeno plantea dificultades para la independencia judicial, porque al desnudar su pensamiento, los jueces son inmediatamente catalogados por la esfera política sobre la base de sus propios códigos como de izquierda o de derecha. El actual sistema de nombramientos ha determinado -especialmente para la Corte Suprema- que exista una verdadera repartición de las designaciones en función de las simpatías políticas que los dos grandes conglomerados políticos con presencia en el Congreso cree advertir en los candidatos. El sistema ha sido tan perverso que excelentes ministros de Cortes de Apelaciones, respetados por todos, saben de antemano que no podrán aspirar a un cargo en la Corte Suprema, no obstante sus indudables méritos personales.
Alguna de estas dificultades deben ser enfrentadas por el juez ante su conciencia; otras dependen de la sociedad removerlas o morigerarlas.
Davor Harasic Yaksic