El Consejo Directivo del Servicio Electoral ha admitido que carece de facultades legales para eliminar a un número indeterminado de personas ya fallecidas -podrían ser unas 600 mil- que aún figuran en el actual padrón electoral. Esto, como resultado de la declaración de inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional de una norma que se lo permitía y que estaba contenida en la ley que perfeccionó las elecciones primarias.

Así, el país se encamina este año a elecciones primarias, parlamentarias, presidenciales -en primera y posiblemente en segunda vuelta- y, además, eventualmente, de consejeros regionales en forma directa, sin haber resuelto un problema que se evidenció en octubre pasado, a saber, la situación obviamente absurda de que en el padrón electoral figuren 45.884 personas que tendrían más de 100 años, y 565 mil entre 80 y 139 años.

El problema radica en la dificultad del Registro Civil para acreditar el fallecimiento en la información que entrega al Servicio Electoral. Entre las complicaciones se encuentran -como lo ha observado el presidente del Consejo, Juan Emilio Cheyre- la no inscripción de fallecimientos de chilenos que se radican y mueren en el extranjero, y la dificultad de establecer ciertas defunciones ocurridas con anterioridad a 1982, por la inexistencia en esa época de un sistema computacional que permita cotejarlo adecuadamente.

El ministro Secretario General de la Presidencia ha declarado que lo anterior no afectará los procesos eleccionarios de este año, pero la inquietud subsiste, pues tras lo sucedido en la última elección, la sólida percepción de legitimidad del sistema se ha visto alcanzada. Por ejemplo, la encuesta de "Auditoría a la democracia" realizada hace algunos meses mostró un aumento de 7 a 38% de quienes consideran que los procesos electorales en Chile son deshonestos -algo inaceptable para nuestro país, que siempre se ha destacado por sus bajos índices de irregularidades políticas-.

Esa pérdida de confianza no viene dada -como ocurre en algunos países vecinos- por intentos de manipular la elección, sino que son consecuencia de una puesta en marcha poco rigurosa y mal planificada del mecanismo de inscripción automática. Ha existido al respecto una improvisación de la clase política y una pasividad del mundo académico.

La solución -rechazada por el Tribunal Constitucional- de excluir del padrón electoral a aquellos que, teniendo más de 80 años, no hubieren renovado su cédula de identidad en los últimos 15 años, y a aquellas personas menores de esa edad que en los últimos 21 años no hubieren realizado tal trámite, era razonable y fácil de implementar. Ahora, la nueva institucionalidad del Servel tiene la enorme responsabilidad de restaurar la confianza ciudadana en los procesos electorales, y para ello debe idearse con la máxima urgencia, en conjunto con el Poder Ejecutivo, un nuevo mecanismo de solución.

Con todo, la directora (s) del Servicio Electoral, Elizabeth Cabrera, se manifiesta optimista: ha recordado que "nunca vamos a tener un padrón ciento por ciento puro", y que se estudia con el Ejecutivo -básicamente la Secretaría General de la Presidencia y el Registro Civil- replantear la fórmula rechazada, pero introduciéndole los ajustes que derivan del fallo del TC.

El país espera que este optimismo se traduzca en resultados oportunos, y cabe preguntarse si en ese esfuerzo se ha contemplado recurrir a la asesoría de instancias técnicamente especializadas, públicas y privadas, nacionales y extranjeras, que puedan aportar un enérgico impulso adicional a este proceso de apremiante readaptación.