La política viene saliendo de un par de malas semanas, en las que dejó de manifiesto hasta qué punto puede encerrarse en sí misma y perder sintonía con el sentido común de los mortales. Primero fue Golborne, quien no entendió la importancia de un fallo y salió con respuestas que no podían sino generar fuerte repudio. Luego fue el turno de la Concertación, que tampoco entendió el repudio que generaría no llegar a acuerdo para primarias.

El Gobierno, a través de su vocera, que ha perdido todo pudor republicano, para transformarse en jefa de campaña, echa leña a la hoguera, como si no fuera el prestigio de la política el que está quemándose en ella. Bachelet, por su parte, con tal de no contagiarse de partidismo político, prefiere hacer reproches desde olímpica distancia.

Quienes gustan situarse en el lado de los buenos se deleitan criticando a todos los políticos, haciendo ver, con aires de superioridad moral, que los ciudadanos de a pie no merecen la "clase política" que tenemos. En los últimos días, estos Catones saturan el mercado de la palabra, conjugando hasta más no poder el verbo abusar, salvo claro, en primera persona. Esta posición moralista no sólo es maniquea, sino también ingenua, pues supone que quienes administran posiciones de poder económico o político, debieran comportarse como seres angelicales movidos por el altruismo, desconociendo que el poder, todo poder, necesariamente tenderá al abuso.

Quienes pensaron y fundaron la democracia moderna nunca incurrieron en tan torpe ingenuidad de esperar comportamientos altruistas de los políticos. Con un sabio sentido de realidad, entendieron que el poder tiende naturalmente a protegerse, a agrandarse a sí mismo y a corromperse. No dejaron confiada la defensa de la democracia a la santidad de los poderosos, como tampoco se deja el mercado a merced de los grandes comerciantes. Por el contrario, desconfiando de quienes detentan poder, idearon modos de controlarlos: Procuraron ingeniosas formas de dividirlos, de hacerlos competir, de enfrentar unos facciosos a otros y de someterlos siempre y periódicamente al juicio ciudadano, en competencias electorales abiertas, libres e informadas.

En las democracias modernas sucede así; pero no en Chile, donde rige una democracia binominal, en la que la competencia no se impone, a lo más se ofrece, como una alternativa voluntaria, vestida de un artificioso y mal remedo, llamado primarias parlamentarias. En Chile las reglas desconocen la más elemental lógica del poder: ofrecida la competencia como voluntaria, la tendencia natural de quienes detentan poder será a rehuirla.

Si alguna vez esta democracia binominal y supra mayoritaria permitió una lógica de acuerdos, ha degenerado y caído en un sistema que es percibido como corrupto, pues permite que los que están en posiciones de poder parlamentario acuerden defenderse de quienes los amenazan, y puedan someterse a elecciones que no son en verdad ni abiertas ni competitivas.

En ese cuadro es que alguien como Fernando Atria toca la campana, afirmando que las reglas que constituyen al poder en Chile serán sustituidas por las buenas o por las malas. Como amenaza, su frase es criticable, pero tomada como un presagio, no resulta improbable: Si los legisladores no se avienen a cambiar las reglas por medio de las cuales su poder se configura y adoptan decisiones; esto es, si el sistema político no permite que se conformen mayorías que sean capaces de adoptar decisiones y hacerse responsables de ellas, sin adjudicar sus errores al veto de la minoría; si la alternancia de las élites gobernantes en elecciones periódicas no es la válvula de escape del inevitable agotamiento de las confianzas ciudadanas, entonces la caída del sistema, de todo el sistema; el "cambio por las malas", pasa a ser un escenario bien probable.

El populismo suele galopar cómodo una vez que se monta en el desprestigio de la política y en el moralismo ingenuo, que ya campean rampantes entre nosotros. Las instituciones tienen la palabra para evitarlo... por ahora.