Desde el punto de vista institucional, el bloqueo opositor a la designación del magistrado Juan Manuel Muñoz para la Corte Suprema constituye una de las más graves afectaciones a la autonomía del Poder Judicial de los últimos años. En este caso, un sector de la oposición en el Senado vetó la propuesta gubernamental fundamentalmente por haber acogido este ministro ciertos recursos de amparo en el importante proceso en que se investiga la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva. Incluso ha ocurrido que el senador a quien más afectaba la situación, y que funda el rechazo en que el ministro nominado falló de una determinada manera en el juicio que se sigue sobre la muerte de su padre, fue clave para que fracasara esta designación. Todo esto constituye una clara interferencia del poder político en una causa en trámite, con grave daño para la imagen y la independencia de la judicatura, algo muy negativo en sí mismo y cuyos efectos se extienden más allá de un proceso en particular, pues sienta un inquietante precedente para situaciones futuras similares en cualquier área.
Como lo ha consignado este diario, lo ocurrido en el Senado ha recibido un transversal rechazo de la comunidad jurídica, llegando incluso a cuestionarse la conveniencia de que la Cámara Alta siga interviniendo en los procesos de designación de ministros del máximo tribunal. Cabe recordar también que a comienzos de año el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, en su discurso de inauguración del año judicial, haciendo una referencia inequívoca a este caso, formuló un enérgico llamado a que se respetara la independencia del Poder Judicial, que estimó gravemente amenazada por los cuestionamientos producidos en el nombramiento de ministros de la Corte Suprema. En esa oportunidad hizo expresa referencia al artículo 76 de la Constitución, que dispone que "ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno (...), avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido" de las resoluciones de los tribunales de justicia. En el mismo sentido se pronunció recientemente el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Rodrigo Cerda, quien advirtió sin ambages que, en semejante cuadro, esta "decisión es preocupante y peligrosa, porque cualquier juez en una causa emblemática puede tomar una decisión que le cause menos perjuicio a (su) carrera judicial, (en vez) que decidir de acuerdo a las leyes, como lo ordena la Constitución".
Ante este veto -luego de meses de infructuosas conversaciones y con otros tres nombramientos de ministro de la Corte Suprema pendientes-, el Gobierno decidió finalmente retirar el nombre del ministro Juan Manuel Muñoz y no llevarlo a votación. En su reemplazo propuso al magistrado de la Corte de Apelaciones de San Miguel Ricardo Blanco. Aunque desde una perspectiva pragmática pueda entenderse esta decisión gubernamental, por una cuestión de principios y de firme ejercicio de sus atribuciones constitucionales, el camino correcto debió ser no claudicar y llevar este caso a votación. Así hubiesen quedado de manifiesto y con nítida claridad ante la ciudadanía el actuar y los argumentos de los senadores, sin que se diluyeran las responsabilidades del Ejecutivo y del Senado.
Urge reivindicar y fortalecer la independencia de nuestro Poder Judicial, para lo cual es vital que en los procesos de designación de ministros de Corte no se introduzcan criterios subjetivos o políticos que puedan afectar la imparcialidad con que los jueces que aspiren a la Corte Suprema resuelvan las causas de que conozcan.