Señor Director:

Agradezco las cartas de Fernando Ugarte Vial y de Sebastián Huerta sobre la zancadilla de Fernando Paulsen a Pablo Longueira. En parte coincido con la opinión del señor Huerta, considerada en abstracto: un periodista, con esa información -si hubiera estado debidamente corroborada-, tendría el derecho y quizás el deber de preguntar y de apretar a su entrevistado.

Yo mismo fui informado sobre el episodio durante el desayuno del lunes, por un estudiante de periodismo, y en ese momento defendí a Fernando Paulsen: su quehacer profesional consiste en investigar, interrogar, y aun incomodar, siempre que se apoye en una adecuada investigación. Se podría decir que, hasta ese momento, yo coincidía con don Sebastián.

Sin embargo, luego vi el video de la escena, que era una simple trampa con escándalo y acusación grave y hasta el intento de reconstruir la realidad forzadamente: sugerirle a su entrevistado que quizás por motivos de conciencia no quiso votar. Además, quedó claro que el dato no había sido corroborado. Es decir, no es solamente que Paulsen haya sostenido algo errado. El error involuntario es compatible de hecho con la ética periodística y aun con la ética científica en general. Su responsabilidad ética estriba en que lo hizo de manera inverosímil, arrastrado por su pasión -como afirma el señor Ugarte-, con negligencia en averiguar la verdad.

El deseo de dar un golpe lo arrastró a considerar más creíble lo inimaginable (¡que Longueira no hubiera votado por el Sí en el plebiscito!) antes que la simple posibilidad de que un documento oficial pudiera estar equivocado.

En todo caso, yo no deseo ser parte del ensañamiento que se desató luego contra el periodista, por un error del que en una semana vamos a olvidarnos. Quizás el caso puede servir de lección; debería haber alguna reparación, sin duda, pero me parece exagerado pedirle la renuncia. Aunque normalmente no sigo su trabajo, por testimonios cercanos me cuento entre quienes consideran a Fernando Paulsen como un gran profesional del periodismo.

Cristóbal Orrego Sánchez
Profesor de Derecho
Universidad Católica