El Presidente de la República ha designado al embajador ante los Estados Unidos, Felipe Bulnes Serrano, como agente de Chile en el caso de la demanda de Bolivia presentada a la Corte Internacional de Justicia. El mes recién pasado, Bolivia solicitó a la Corte que declare que Chile tiene la obligación de negociar un acuerdo pronto y efectivo que le otorgue una salida plenamente soberana al océano Pacífico. En días recientes, ese alto tribunal ha citado a las partes para el 12 de junio, a fin de convenir el lato procedimiento de las alegaciones escritas.
El embajador Bulnes cuenta con valiosa preparación, reconocido prestigio y una trayectoria destacada para cumplir con éxito el trascendental encargo. Su nombramiento ha recibido amplio respaldo en la sociedad civil, de ex cancilleres y de dirigentes de diferentes tendencias políticas. Es un reconocido jurista, profesor universitario, experimentado litigante, ex ministro de Justicia y de Educación, actualmente plenipotenciario ante la Casa Blanca. Sus calificados antecedentes académicos, profesionales, diplomáticos y políticos lo habilitan sobradamente para liderar la defensa de los intereses de Chile en este pleito. Tiene a su favor el aporte de continuidad que podría recibir del equipo constituido por la Cancillería para la demanda marítima del Perú, cuya sentencia se espera para dentro de los próximos dos meses.
Aunque los fundamentos del libelo boliviano quedarán completados en su memoria -que debería presentarse a la Corte en alrededor de un año-, se anticipa que su pretendido derecho a imponer un acuerdo surgiría de expectativas y aspiraciones que se originarían en negociaciones fallidas de gobiernos anteriores. Tan extraña y rebuscada interpretación de los presuntos "derechos expectaticios" bolivianos podría dar base fundada para reclamar la incompetencia de la Corte, que además, como órgano de la ONU, está impedida de intervenir en asuntos internos de los estados, como lo es su soberanía.
Al margen de la defensa jurídica, corresponderá al agente impulsar acciones para profundizar la diplomacia y la comunicación pública de la legítima posición chilena y de las extraordinarias concesiones económicas, de libre tránsito, almacenamiento gratuito de mercaderías, obras de infraestructura, acceso privilegiado a puertos y aeropuertos e innumerables otras prestaciones, sin precedentes en el mundo entre países vecinos, que Chile concede a Bolivia y que contrastan con los obstáculos y nula cooperación de la mayoría de los gobiernos de ese país para aprovechar las oportunidades de intereses compartidos.
La prudencia con que el gobierno de Chile ha reaccionado ante la demanda boliviana, la descalificación que esta merece por falta de todo fundamento, y la atribución a normas constitucionales internas de dicho país del año 2009, que son inoponibles a Chile y claramente contrarias al Derecho Internacional, no deberían impedir destacar las disfuncionalidades y responder a los escollos que Bolivia pone a las correctas relaciones bilaterales. Tales inconvenientes, muchas veces agresivos e ideologizados, y normalmente motivados por razones de política interna boliviana, han impedido acuerdos de mutuo interés, creado riesgos inaceptables a la seguridad nacional por el descontrol del narcotráfico, del contrabando y de la delincuencia trasnacional, y son atentatorios al ejercicio de nuestros legítimos derechos de tránsito internacional y de uso de recursos hídricos compartidos.
En la defensa de su territorio, Chile ha dado siempre muestras de unidad, mediante una política de Estado que trasciende a los gobiernos y que logra convocar equipos de juristas y diplomáticos de excelencia en la defensa de los intereses nacionales ante los foros y cortes internacionales.