Tras el revuelo suscitado por las denuncias de una supuesta manipulación de las cifras de IPC y del Censo 2012 por parte del Instituto Nacional de Estadísticas -que incluso condujeron a la renuncia de su director-, afortunadamente este tema comienza a ser visto con más calma. Diversos expertos han hecho presente que es común que las estadísticas cuestionadas se presten a críticas, que defectos también se observan en muchos países, que su presencia no revela necesariamente el intento de alterar los resultados de las encuestas, y que lo importante es dotar al INE de la capacidad para introducir las correcciones técnicas requeridas una vez detectados los errores. En sus primeras actuaciones, el nuevo director de la institución y reconocido académico, Juan Eduardo Coeymans, ha dado las señales correctas en ese sentido.
Acertadamente, el INE ha convocado a un grupo de expertos y usuarios de sus estadísticas para conocer y debatir los cambios metodológicos que podrían introducirse al cálculo del IPC, ya sea prontamente o con motivo de la inauguración de la nueva canasta de consumo que corresponde aplicar en enero del próximo año.
Sorprende, sin embargo, que transcurridas ya varias semanas de intensa polémica, no existan aún pronunciamientos oficiales de parte del INE y del Banco Central que aclaren la naturaleza y consecuencias de los problemas detectados. Subsiste la duda acerca de cuán significativa sea la divergencia denunciada entre la medición del IPC y la realidad, cuánto de ella proviene de cambios metodológicos recientes o se arrastra desde muchos años atrás, y en qué medida ella se contrarresta con otros factores, como la omisión de los cambios de calidad de los artículos electrónicos en las mediciones de inflación. Hay incluso quienes sostienen que la subestimación de la inflación se traduciría en una sobreestimación del crecimiento del PIB, lo cual no parece tener sustento técnico. Pero es el INE el que debería aclarar las dudas y facilitar toda la información necesaria para que los especialistas evalúen la situación. El Banco Central, por su parte, no puede permanecer indiferente. No solo la elaboración de las cuentas nacionales es su responsabilidad, sino que su mandato de controlar la inflación exige una medición creíble del IPC.
En el caso del censo, se ha denunciado que adolecerían de errores ciertos ajustes efectuados para tomar en cuenta la población que no pudo ser encuestada. Aparentemente, la estimación de la población total es aún meramente referencial, porque la cifra definitiva es siempre cotejada con datos del Registro Civil y validada por Celade, centro demográfico dependiente de Cepal. Pero mucho ayudaría a evaluar la magnitud del problema conocer, por ejemplo, cuán diferente en cobertura ha sido el último censo respecto de los anteriores, cuán distintos son los ajustes esta vez efectuados y cuánto ello podría repercutir en los márgenes de error de las estimaciones necesarias para el diseño de las políticas sociales. La auditoría anunciada por el nuevo director del INE debería permitir dimensionar las fallas y, tal vez, efectuar las rectificaciones necesarias. Es de gran importancia que los resultados de esa auditoría sean públicos.
No será automático que el INE recupere su plena credibilidad. Su prestigio en parte había descansado en la extrema reserva con que administraba muchos de los procedimientos y metodologías de sus estadísticas, lo que impedía la sana crítica de los mismos. Ahora esa reserva se presta a suspicacias y, en todo caso, es extemporánea en un cuadro general que, en todos los ámbitos, propicia la más amplia transparencia. Ciertamente, abrirse sin reservas a ella permitirá al INE reconquistar la confianza de que tradicionalmente ha gozado.