El gobierno nacional sigue sin escuchar los reclamos de una ciudadanía cada vez más activa y consciente de sus derechos. La conmovedora manifestación del 18-A superó a las anteriores no solo en cantidad de concurrentes sino en la calidad de sus consignas: rechazar los ataques a la independencia judicial y expresar su profundo malestar por la galopante corrupción. Son, en verdad, dos caras de la misma moneda.
El golpe a la justicia independiente que impulsa el Ejecutivo se expresa a través de tres leyes funestas: la del copamiento oficialista del Consejo de la Magistratura, la del vaciamiento de la Corte Suprema mediante la creación de Cámaras de Casación adictas y la de virtual eliminación de las medidas cautelares que no sean del agrado del Gobierno.
Esas tres leyes vienen envueltas en otras tres, cuyos fines de transparencia, publicidad y meritocracia son tan unánimemente compartidos como curiosos por provenir del único poder que no los aplica en modo alguno. Su redacción defectuosa revela, además, la improvisación con que fueron elaboradas. Pero el corazón del paquete está en las anteriores, cuyo objetivo es claro e inequívoco: politizar, en el peor sentido del término, al Poder Judicial, para someterlo completamente al Poder Ejecutivo. A fin de lograr ese propósito, como no les dan los números para imponerlo mediante una reforma constitucional, quieren aprovechar una mayoría circunstancial para reformar de hecho a la Constitución.
La reforma constitucional de 1994 quiso reducir el componente político en la selección y remoción de jueces, para que se combinara con criterios de idoneidad. El Consejo de la Magistratura es el resultado de esa voluntad. Ahora se lo pretende partidizar de la forma más cruda, mediante elecciones populares en las que los candidatos deberán integrar las boletas de partidos políticos.
También se intenta restringir, hasta convertirlas en ineficaces, las medidas cautelares dictadas contra el Estado. Ese privilegio para las autoridades públicas es contrario al Estado de Derecho, que se caracteriza por la noción de que el Estado, que crea el Derecho, al mismo tiempo se somete a él como cualquier particular.
Finalmente, se procura crear Cámaras de Casación como tribunales intermedios entre las cámaras actuales y la Corte Suprema, para licuar la competencia del alto tribunal, debido a su probada independencia.
Sancionar estas tres leyes nos aproximará a una de las metas del oficialismo: un cambio de régimen, sin una reforma constitucional legalmente realizada. Es necesario frenar este desatino, que configura el mayor retroceso que hayamos sufrido desde la restauración democrática.
Ricardo Gil Lavedra
Abogado, juez y político, fue ministro de Justicia (1999-2000)
La Nación/Argentina/GDA