En entrevista con este diario, el general director de Carabineros ha respaldado categóricamente el mayor rigor con que a su juicio debe la sociedad responder ante la conducta de quienes, encapuchados, participan en manifestaciones públicas, en el curso de las cuales en nuestro país se perpetran con habitualidad desmanes que constituyen delitos contra el orden público y los derechos de terceros, incluso los más básicos que garantiza la Constitución. Esta consagra el derecho a reunirse para expresar opinión, pero lo condiciona a que sea "pacíficamente" y "sin armas", y lo sujeta, "en las plazas, calles y demás lugares de uso público", a las "disposiciones generales de policía". En esto, Chile solo replica la experiencia de las más antiguas democracias.
Pero es un hecho obvio que las manifestaciones en nuestro país raramente son pacíficas, a menudo albergan en su seno a grupos organizados -"infiltrados", aducen invariablemente los convocantes a las mismas- que portan armas contundentes, explosivas e incendiarias artesanales y aun de fuego, y hacen caso omiso de las normas policiales. La agresión a la policía es una constante, y se ha generalizado sistemáticamente el uso de capuchas u otros elementos que impiden la identificación de los hechores. La normativa actual solo permite a la policía exigir la identificación, mas no la detención del encapuchado. Pero si un sujeto esconde su cara en una manifestación violenta, es de sentido común que busca facilitar su acción delictiva y eludir luego a la justicia. Como bien observa el general director, "no es igual a cualquier persona que ande con un pañuelo o un pasamontañas debido al frío". De allí que se justifique su inclusión en el proyecto de ley sobre fortalecimiento del resguardo al orden público que el Ejecutivo planteó en septiembre de 2011, actualmente en primer trámite en la Cámara de Diputados.
De aprobarse esta nueva norma legal -que al respaldar a la autoridad encargada de hacer valer efectivamente la ley, protege a la inmensa mayoría contra la agresión de las minorías violentas-, evidentemente ella debería aplicarse por parejo en toda circunstancia. Perdería vigor moral si se admitieran encapuchados impunes en La Araucanía, por ejemplo, mas no en la capital.
La policía debe tener apoyo político y capacidad técnica para preservar el orden público. Si algunos de sus efectivos incurren en exceso, por cierto deben asumir su responsabilidad legal. Pero no se la puede reducir a un cuerpo impotente, prohibiéndole usar implementos de uso normal en otras democracias -gases lacrimógenos, balines de pintura, carros lanzaagua, caballos y perros auxiliares -, sometiéndola a un rigor exagerado, traducido en proliferación indefinida de sumarios o aun expulsión de efectivos por motivos discutibles. Los vaivenes de la autoridad en cuanto a exigir resultados policiales, pero luego tratar a las policías con severidad desproporcionada a la lenidad con que se enfrenta a los violentistas, alientan a los extremistas y aun pueden amagar a instituciones fundamentales, como ya le ocurrió al Senado en una sesión en Santiago, o cuando fue "tomado" el gabinete del ministro de Educación. La fuerza pública necesita credibilidad, pues sin ella se pierde también el crédito de la autoridad, que es esencial al Estado de Derecho.
La experiencia internacional muestra que ante protestas sociales, la norma es la responsabilización policial, esto es, que la sociedad conozca de qué manera la policía está innovando y mejorando los procedimientos frente a las alteraciones del orden público, aunque siempre respetando los derechos de los ciudadanos. El caso de Canadá es ilustrativo, pues muestra que más que mayor empleo de la fuerza y recursos para la contención, la policía precisa más inteligencia antidelictiva o ejercer un control coercitivo más tecnificado.
En momentos en que diversos círculos ciudadanos cuestionan la eficacia de la policía frente a la delincuencia común, no se le puede infligir el golpe adicional de anularla también frente a los desórdenes públicos. Más temprano que tarde, tendrían que lamentarlo todos los partidarios de la democracia, cualquiera sea su color político.