Michelle Bachelet llegó e informó que será precandidata en las primarias de la Concertación. El progreso de una sociedad depende más del esfuerzo de sus ciudadanos que del gobierno; sin embargo, ideas equivocadas de los gobernantes pueden cercenar la iniciativa de las personas y encaminarla a una senda de deterioro.

Bachelet ha sido misteriosa en sus posturas. Hasta ahora le ha servido, según indican las encuestas, y ha logrado no dar explicaciones de sus actos pasados que han sido cuestionados. Por ello es interesante cuando cambia de estrategia. Lo hizo en términos generales casi en el plano de los anhelos más que en lo concreto.

Fijó su postura en educación y dijo que terminaría con el lucro y llegaría a la gratuidad. No dio detalles ni respondió preguntas. Los deseos y la realidad suelen no ir de la mano. Bachelet lo sabe. Con el Transantiago pretendía lograr mejor servicio, más barato, y limpio, con personal mejor pagado y fracasó estrepitosamente. Sin aportes fiscales de US$ 6 mil millones a la fecha, financiados con el inesperado buen precio del cobre, la situación sería caótica.

Pero equivocarse en educación es mucho más grave. Ataca el corazón del progreso. Las experiencias exitosas muestran que las posiciones ideológicas son negativas y que se requieren soluciones complejas, que toman tiempo, esfuerzo y que deben alinearse con incentivos a los participantes.

Pretender el fin del lucro, es pelear contra un fantasma antiguo, previo a la revolución industrial, en la lógica de que lo que alguien gana lo pierde otro. Hoy utilidades o pérdidas son un costo más en la economía, que al no ser fijas permiten flexibilidad en un mundo incierto y en el que todos progresan. Los mismos que abogan por eliminarlo, piden buenos sueldos para profesores, que se hagan inversiones y pagar bien a los proveedores, lo que indica que la educación no puede sino estar inmersa en la economía. También muestra que no existe la educación gratuita, pues ella tiene un costo y lo que se pretende es traspasar ese costo a un tercero sin nombrarlo.

No existe relación entre esta postura ideológica, lucro y gratuidad, con los problemas reales: mejor educación, ajustada a las necesidades futuras y de calidad. La verdadera agenda oculta -estatizar la educación escolar, eliminando la particular no confesional y hacer desaparecer la educación superior privada que ha florecido en los últimos 30 años- sólo puede acarrear una disminución en las oportunidades de elección y empeoramiento de la calidad.

Desde 1980 hay Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales y Universidades creadas por iniciativa particular.

A las universidades se les obliga a estructurarse como fundaciones pero no se impide -porque sería inviable- operar en el mercado para financiarse e invertir.

Es el auge de estas instituciones lo que explica el espectacular incremento de la cobertura, más de 1.000.000. de alumnos en pregrado, en que sólo un 28% está en instituciones tradicionales con aporte fiscal. Más interesante es que la cobertura aumentó en gran medida en los quintiles de menor ingreso, acercándose a lo que tenían los más ricos 30 años atrás. Han dado una oportunidad a alumnos de bajo puntaje que pueden mejorar su futuro y no quedar entrampados en su pasado. Este esfuerzo lo han hecho con pocos recursos fiscales, especialmente hasta 2008, en que se aumenta notablemente el crédito fiscal.

Como en toda actividad, existen malos comportamientos y la autoridad debe actuar. Es destacable que en las instituciones que viven del aporte fiscal los errores graves también existen pero se cubren con un manto de impunidad.

No es posible divisar cómo podría mejorar la calidad de la educación y la cobertura de los más pobres hostilizando genéricamente a la educación superior privada.

En la educación escolar la batalla también apunta a evitar que las personas puedan elegir. Hoy cerca del 50% de los niños asiste a escuelas nacidas de esfuerzos particulares, sea en forma de fundaciones, en general confesionales, un 16%; o en sociedades que no son fundaciones que acogen a algo más del 30%, o sea más de un millón de alumnos. Un 7% va a colegios sin subvención. Está claro que se pretende también estatizar la educación, eliminar la descentralización municipal y forzar al 30% que no está en fundaciones a emigrar. El paso siguiente, insinuado, es atacar a las instituciones con definición religiosa.

Los datos muestran que los colegios que se quieren eliminar atienden a sectores desvalidos. Incluso más que el promedio de los municipales y, sin aportes especiales, tienen un resultado igual o superior que éstos. Otra vez, no se ve posible mejorar las oportunidades, la desigualdad que nos preocupa tanto, borrándolos de una plumada. El problema a resolver es otro y a diferencia de Transantiago no hay recursos capaces de compensar un error tan garrafal como sería este.

Bachelet candidata puede haber querido caer simpática a votantes vociferantes. No aclara cómo lo haría ni por qué cambió de opinión respecto al momento en que pudo actuar. Es un mal inicio para su primer pronunciamiento concreto.