A mediados del siglo pasado, se debatía en Chile sobre las razones del dispar desarrollo político -que era vital y pujante- y el lánguido desenvolvimiento económico del país. El meollo de la discusión se resumía crudamente en la obra de Aníbal Pinto "Chile, un caso de desarrollo frustrado".
El régimen democrático presentaba un cuadro de permanente avance, con la introducción de la cédula única, que garantizaba tempranamente el secreto del voto, el sufragio femenino y un conjunto de instituciones públicas altamente prestigiadas.
Mucho de ello hizo crisis en la segunda mitad del siglo XX bajo el embate de los proyectos políticos ideológicos, el influjo del discurso revolucionario y de la violencia política y la dificultad para sustraerse de los efectos de la Guerra Fría que acechaba al mundo. Con todo, pese al derrumbamiento de nuestra democracia con la Unidad Popular y los 17 años de gobierno militar, el país conservó un conjunto de liderazgos públicos reconocidos y estructuras políticas latentes, que fueron decisivos en el momento del restablecimiento del régimen democrático tras el plebiscito de 1988.
Eso permitió empalmar la exitosa estrategia de desarrollo económico adoptada por el gobierno militar con la vitalidad, conciencia cívica y responsabilidad política que marcó la transición chilena. Reformas claves en los ámbitos laborales, tributarios y políticos pudieron llevarse adelante en un clima de entendimiento y acuerdo entre gobierno y oposición, aportando -además de sus positivos efectos económicos- legitimidad política y aceptación social al modelo de desarrollo, todo lo cual contrastaba, además, con la inestabilidad política y económica en que se encontraba sumida la mayoría de los países sudamericanos.
Los gobiernos chilenos comenzaron a cosechar los elogios internacionales por la exitosa transición, que se comparaba a la protagonizada por España a la muerte de Franco.
La calidad de la política
Ese clima y circunstancias están en las antípodas del cuadro que enfrenta hoy Venezuela para realizar su transición tras los 14 años del experimento autoritario de Hugo Chávez. Más allá del debate sobre el carisma y la generosidad del ex Mandatario -a expensas del erario estatal- y las muestras de fervor popular, su legado es una sociedad sin liderazgos equilibrados ni institucionalidades sólidas, y una economía en profunda crisis.
Venezuela carece de los ingredientes democráticos capaces de encauzar la difícil e incierta etapa que ahora se inicia.
La calidad de la política de un país está determinada por un conjunto de factores institucionales y de prácticas públicas, y su nivel debe ser siempre materia de interés ciudadano.
Al respecto, los relevos que se anuncian en el Senado chileno deben seguirse con atención.
La inconveniente práctica de proveer cargos del Ejecutivo con legisladores ya privó al Senado de políticos de tonelaje y trayectoria como Evelyn Matthei, Pablo Longueira, Andrés Chadwick y Andrés Allamand. Ahora se anuncia el retiro de la carrera parlamentaria de personalidades como el ex Presidente Eduardo Frei, y los senadores Jovino Novoa y Mariano Ruiz-Esquide, que desde diferentes credos aportaron reconocidas competencias y experiencias al proceso legislativo chileno. Tanto Frei como Novoa han precisado que no abandonan la actividad política, pero sin duda su ausencia en uno de los epicentros de la elaboración política se hará sentir. Esta es una oportunidad para que los partidos procedan a la renovación generacional del Congreso, pero también un reto para dar muestras de capacidad de convocar personas a la altura de las responsabilidades que caben al Senado.
Compromiso para muchos Los cambios en el entorno político, con la voluntariedad del voto y las elecciones primarias, están dificultando la gestión de la dirigencia partidista en la conformación de las listas al Congreso. La incertidumbre que generan estas innovaciones desalienta también la incorporación de personas que no se encuentren de lleno en la actividad política partidaria.
Todo ello debe ser materia de interés general, para los ciudadanos, el mundo académico, las organizaciones sociales y el ámbito gremial. No cabe reducir la actividad política al mero desarrollo de proyectos o vocaciones personales. Los bienes públicos que genera la política -entre ellos la estabilidad y cohesión social- exigen actuar de manera responsable. La calidad de la política ha sido una fortaleza de Chile, especialmente en momentos complejos como los que vivió en el pasado. La preocupación e incertidumbre que trasunta Venezuela hoy es un ejemplo elocuente de lo que sucede cuando se pierde de vista eso.