Entre las diversas materias que abordó el presidente del máximo tribunal, Rubén Ballesteros, en su discurso de inauguración del año judicial, destacó su enérgico llamado a que se respete la independencia del Poder Judicial, que considera gravemente amenazada en los procesos de nombramiento de ministros de la Corte Suprema. Sus palabras fueron un cuestionamiento inequívoco a la actitud de un sector de la oposición en el Senado, que, según se ha informado, ha vetado la propuesta gubernamental de nombrar al ministro Juan Muñoz, básicamente por haber acogido ciertos recursos de amparo en el proceso en que se investiga la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva.
Desde el punto de vista institucional, este lamentable episodio, que ha frenado la designación de un reconocido ministro para la Corte Suprema, constituye una de las más graves afectaciones a la autonomía del Poder Judicial en los últimos años, y supone una directa violación al artículo 76 de la Constitución, que dispone que "Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno (...) avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido" de las resoluciones de los tribunales de justicia. Solo cabe esperar que esta situación se revierta sin más dilación. De lo contrario habría una clara interferencia del poder político -en este caso, parte del Senado- en una causa en trámite, cuyos efectos se extienden más allá de un proceso en particular, con daño para la imagen y la independencia de la judicatura.
Como certero complemento de lo anterior, el presidente del máximo tribunal hizo también un muy atendible llamado a que el procedimiento para proveer los cargos de ministros de la Corte Suprema se desarrolle en tiempos razonables. Como antecedente elocuente recordó que en los últimos cinco cargos que han debido proveerse, el tiempo que ha mediado entre la remisión al Ejecutivo por la Corte Suprema de la quina respectiva y el nombramiento del nuevo ministro se aproxima a cinco meses, llegando algunos incluso a siete meses de demora. Se trata de una situación evidentemente anómala y altamente indeseable, que ha impedido que por largos períodos la Corte Suprema cuente con su dotación completa. Como lo ha planteado este diario muchas veces y hace ya muchos años, este cuadro se hace posible, en gran parte, porque no existe un plazo constitucional obligatorio para que la Presidencia presente al Senado su propuesta. Un Ejecutivo, por mera omisión, podría incluso llegar a alterar indefinidamente la composición de la Corte Suprema si simplemente se negare a hacer una propuesta. A todas luces, esta situación no puede mantenerse y demanda una urgente reforma constitucional que la corrija.
En otra área, se echó de menos en el discurso del presidente de la Corte Suprema una referencia al debate planteado en los últimos meses en cuanto a los criterios dispares -a veces influidos por posturas ideológicas- con que algunos magistrados fallan sus causas, lo que atenta contra la igualdad ante la ley. Si bien las leyes pueden admitir diversas interpretaciones judiciales, ellas no pueden exceder el límite del sentido literal posible de las palabras empleadas por el legislador, ni puede pretenderse hacer calzar en forma forzada criterios subjetivos con una norma, alterando su sentido natural. Desde esta perspectiva, debiera estar efectivamente garantizado que un Estado de Derecho se funda en el respeto irrestricto a las leyes, y no en apreciaciones particulares de un sentenciador. Además, todavía estamos lejos de contar en Chile con una sólida jurisprudencia del máximo tribunal que se imponga por la fuerza de los argumentos y que contribuya a generar certeza. Esta es la función central de la Corte Suprema, y en tal sentido deberían redoblarse los esfuerzos de perfeccionamiento de nuestro sistema judicial.