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Sábado 23 de febrero de 2013

Expropiación de Rumasa en España

Era un secreto a voces en la sociedad española... Hasta que se concretó el anuncio oficial del gobierno socialista presidido por Felipe González -tras una reunión de gabinete urgente hasta la medianoche- el 23 de febrero de 1983: "Un decreto ley ha dispuesto la expropiación forzosa, por causa de utilidad pública e interés social, del consorcio bancario y empresarial Rumasa, considerando la totalidad de las acciones representativas del capital de las sociedades comprometidas".

"El Mercurio" del 25 de febrero publicó in extenso las repercusiones del hecho que "ha causado gran conmoción, por tratarse del mayor grupo económico de España, integrado por 18 bancos y 237 empresas relacionadas directamente, en las que trabajan 360 mil empleados". Se indicaba que la medida había sido adoptada "por temor a que su colapso asestara un duro golpe a la economía del país".

Se reproducían, por cierto, las declaraciones del ministro de Economía hispano, Miguel Boyer, dadas en una conferencia de 90 minutos televisada en vivo: "La decisión se ha basado en un artículo de la Constitución española que la permite cuando el sistema financiero se ve amenazado por una serie de graves irregularidades". Asimismo, precisaba que "los bancos del holding fueron usados para extender créditos a otras firmas de Rumasa, creando fondos ficticios, en un afán de hacer crecer a toda costa al grupo. Éste resistió durante más de tres años los constantes pedidos y advertencias del Banco de España (Banco Central) para presentar exámenes independientes de sus libros de contabilidad".

Los cables otorgaban amplia cobertura al fundador de Rumasa, el empresario José María Ruiz-Mateos. De 51 años, se decía que había creado el conglomerado en la década de 1960 -Ruiz-Mateos Sociedad Anónima- en Jerez de la Frontera, "desde donde se expandió rápidamente, concentrando entidades bancarias, empresas constructoras, hoteleras, agrícolas, ganaderas, vitivinícolas, grandes almacenes y tiendas de lujo, hasta contar en 1982 con un volumen de ventas de 350 mil millones de pesetas (2.700 millones de dólares), el 1,8 por ciento del Producto Nacional Bruto español".

Sobre sus antecedentes personales, se informaba que Ruiz-Mateos, también Marqués de Olivara, estaba casado con Teresa Rivero, "con quien tiene 13 hijos (siete mujeres y seis hombres) y una gran descendencia. Se recibió de profesor mercantil, trabaja de 12 a 14 horas diarias, jamás toma vacaciones y atribuye su éxito a su firme decisión". Sus primeras reacciones tras la expropiación, en tanto, aparecían en la prensa: "Con todo este escándalo y una verdadera campaña en mi contra, alguien quiere provocar una catástrofe sin precedentes en la historia empresarial de España".

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