El ministro de Agricultura ha anunciado que en este semestre podría ingresar al Congreso un proyecto de ley para traspasar desde el Ministerio de Economía a su cartera la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Si bien la idea no es nueva -se viene estudiando hace un lustro o más-, podría ver la luz en este gobierno, que ha logrado concretar otras reestructuraciones importantes del organigrama estatal. No se han dado a conocer aún detalles del proyecto, pero probablemente contemple el traspaso no solo de la subsecretaría, sino también del servicio correspondiente y de las demás entidades relacionadas con la pesca o la acuicultura. Así, se reunirían en una misma cartera sectores productivos con semejanzas evidentes, de cuya regulación, fiscalización y promoción bajo un mismo mando cabe prever importantes sinergias. Para eso, sin embargo, al cambio de dependencia debería añadirse una reestructuración interna que permita aprovechar las economías de escala. Por ejemplo, el anuncio presidencial del último 21 de mayo, de crear un símil del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) para los pescadores artesanales, podría abordarse en el nuevo esquema, redefiniendo al propio Indap para que apoye a agricultores y pescadores.
La experiencia comparada exhibe distintos arreglos institucionales: Australia, Argentina y Sudáfrica reúnen pesca y agricultura en una misma cartera, otros tienen ministerios diferenciados (EE.UU. y Perú). En Chile, la pesca estuvo bajo la tutela de Agricultura hasta 1976, cuando se creó la subsecretaría del ramo, sujeta a Economía.
Independientemente del ministerio al que esté adscrita, la institucionalidad pública de pesca y acuicultura necesita ser fortalecida. Sus carencias de estructura y gestión no son nuevas, pero en el contexto de la reforma a la Ley de Pesca recién promulgada y de los ajustes a la normativa de acuicultura post crisis ISA, es aún más importante superarlas. En pesca, por ejemplo, bajo la nueva ley, la subsecretaría deberá analizar el estado de las pesquerías, determinar los puntos biológicos de referencia y los rendimientos máximos sostenibles, y fijar cuotas globales en función de dichos indicadores; también deberá diseñar y realizar subastas de licencias, tareas todas de alta complejidad. En acuicultura, la reforma de 2010 estableció nuevas exigencias y redefinió el modelo productivo, pero la fiscalización sigue siendo insuficiente, faltan reglamentos por dictar y el reordenamiento territorial está inconcluso, señales de que la institucionalidad actual es insuficiente. El cambio de dependencia ministerial podría ser la oportunidad para un fortalecimiento integral de la institucionalidad de pesca y acuicultura, cada vez más necesario.