Así fue calificado el escenario que enfrenta el sector energía, con un ministro de la cartera renunciado -el tercero que por distintas razones se ha visto en la situación de hacerlo, y el cuarto que sirve esa cartera durante este gobierno-; con un nivel de reservas de agua de los más bajos de los últimos tiempos, amenazando con ello la mantención de tarifas altas y posibles estrecheces energéticas para 2014; con los proyectos de generación futura más importantes enfrentando crecientes inconvenientes judiciales y administrativos para ser construidos -2.600 MW de Central Castilla y 2.400 MW de HidroAysén entre ellos-; con una judicialización en aumento para los distintos proyectos que se van presentando, como le ocurrió al proyecto eólico de Chiloé de 112 MW, cuando la Corte Suprema acogió un recurso por no consulta a los habitantes originarios respecto del uso del terreno, de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT, ya que sus turbinas estarían ubicadas en terrenos que podrían haber sido cementerios indígenas en algún momento del tiempo, y con menos proyectos nuevos incorporándose al sistema, dado que el alto costo de los estudios, no suficientemente compensados por el alto riesgo de que sean finalmente rechazados, desincentiva su presentación. Es éste un panorama bastante poco alentador, ya que el desarrollo de los países está íntimamente ligado a los recursos energéticos disponibles, y las dificultades que enfrenta el nuestro para proveerse de energía, dada la oposición que dichos proyectos enfrentan cada vez que se presentan (independientemente del tipo de generación y de la ubicación geográfica que éstos tengan), y el grado de judicialización a que lo anterior está llevando, configuran un cuadro cada vez más preocupante. Es indispensable que él sea abordado resueltamente por las autoridades, y ciertamente con herramientas intelectuales y argumentales más sofisticadas que las que hasta ahora se han usado. Tenemos un retraso de una década en proyectos energéticos y el costo regional más caro. Si la energía eólica se encuentra con dificultades (caso del Parque Eólico de Chiloé), así como también la energía térmica (central Castilla) y la hidráulica (HidroAysén); si la energía nuclear ni siquiera ha sido considerada, y las demás opciones seguramente encontrarán otras dificultades planteadas por grupos de interés o de presión opuestos a ellas, la sociedad mal puede concluir sino que esos grupos la están poniendo ante una encrucijada. La oposición ciudadana a todos los tipos de energía no es gratis: tiene costos, y esos costos se manifiestan de diversas formas, ya sea por vía de un alza de los precios de la energía -incluyendo a la electricidad, que afecta a toda la población-, o racionamientos, o "apagones" que dejan a la ciudadanía a oscuras e imposibilitada de realizar sus actividades cotidianas. No sólo las grandes empresas, sino también los computadores, celulares y demás equipos con que las personas están acostumbradas a desarrollar sus rutinas diarias se verán afectados. Sería lamentable que Chile tuviese que llegar a esos extremos para corregir el rumbo, porque no sólo perdería valiosos años de crecimiento (y la recaudación tributaria que lo acompaña, disminuyendo así sus capacidades para atender a los más desvalidos), sino porque tales problemas crean inestabilidades sociales y políticas, que van mucho más allá de los problemas energéticos. Las autoridades políticas, edilicias y judiciales deben ponderar estos antecedentes en los diversos ámbitos de acción en que les compete actuar, analizar el espectro de influencias que esto conlleva y considerar en sus decisiones el amplio escenario de consecuencias que le impone a la nación la permanente obstaculización a que se enfrenta el desarrollo energético nacional.